La semana pasada, gremiales del sector lechero concurrieron al Parlamento para plantear nuevamente la necesidad de asegurar el financiamiento del Instituto Nacional de la Leche (Inale), organismo que requiere aproximadamente US$ 1 millón anual para su funcionamiento.
“El lugar más genuino de donde se pueden obtener recursos económicos es el 2 por mil que pagan las exportaciones lácteas. Cuando se creó ese impuesto, hace muchos años, no existía el Inale, por lo que esos recursos se destinaron al LATU. Hoy lo que pedimos es que la mitad de ese dinero, es decir, el 1 por mil, se destine al financiamiento del Inale”, señaló Horacio Rodríguez, directivo de la Sociedad de Productores de Leche de Florida.
En diálogo con Valor Agregado, de radio Carve, y Oriental Agropecuaria, Rodríguez aclaró que la propuesta no busca perjudicar al Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU). “No tenemos nada contra el LATU, que es una institución que trabaja bien. La Cámara de Senadores ya aprobó esta propuesta y ahora queremos trabajar con la Cámara de Diputados para que finalmente se concrete”, expresó.
En su momento también se analizó la posibilidad de obtener recursos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), a través de la faena de ganado lechero y de la exportación en pie de animales de raza Holando. Sin embargo, Rodríguez reconoció que avanzar sobre los ingresos de otro instituto presenta dificultades. “Meterse con otro instituto no es fácil, por eso insistimos en que lo más genuino es recurrir a esos recursos que hoy van al LATU”, sostuvo.
Respecto a la propuesta de redireccionar parte de los fondos que actualmente recibe el LATU, el dirigente floridense indicó que desde la industria láctea, principalmente Conaprole, existen algunas reservas frente a la iniciativa.
La preocupación de los productores radica en que el Inale dispone actualmente de recursos equivalentes a aproximadamente el 50% de lo necesario para su funcionamiento anual, situación que genera incertidumbre sobre su sostenibilidad financiera.
A esto se suma que la propuesta de reasignación de fondos no cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria, lo que representa una dificultad adicional para su aprobación parlamentaria.