Por estos momentos, la interventora de República Ganadera, la Dra. Zamira Ayul, se encuentra realizando una gira por campos en el norte del territorio donde el fondo desarrollaba su negocio.
En el caso de República Ganadera, se estima que habían 1400 inversores para un patrimonio de US$ 80 millones, con una diferencia entre activo y pasivo de US$ 60 millones.
El Dr. Juan Pablo Decia, abogado defensor de algunos inversores, dijo en Valor Agregado en radio Carve que "se trata de una situación de enorme preocupación e incertidumbre, donde seguimos sin tener claro el activo real y el ganado que hay". Hasta el momento no se ha podido hacer el recuento de animales, al tiempo que informó que la comisión que estuvo trabajando en enero buscando un posible acuerdo de reestructuración a través de un fideicomiso que permita el repago a 8 o 10 años, se desactivó porque República Ganadera se retiró de las negociaciones y solicitó el concurso voluntario.
Para agregar al panorama, no se ha decretado aún el concurso ni voluntario ni necesario, siendo que solamente hay una intervención. En el momento que llegue, será con desplazamianto de autoridades, algo que estipula la ley concursal cuando hay una diferencia tan grande entre activo y pasivo. Mientras tanto, se estima que hay ganado con problemas de acceso al agua y que está imposibilitado de mover, así como de vender. El riesgo del activo es grande.
"Esto no es solo responsabilidad del MGAP que no tiene recursos, porque ese recuento ya debería haberse realizado y ese activo ya se debería haber vendido, no resiste seguir dilatando esto en el tiempo por la burocracia", indicó Decia, quien agregó que mientras la interventora Ayul, y probablemente futura síndica, no pueda tomar las medidas de urgencia cuando se llegue al consenso o se acuerde el proceso judicial, "quizás ese ganado ya no esté o esté en condiciones que atenten contra su precio".
Por su parte, Decia desacartó absolutamente la posibilidad de un acuerdo privado. "La comisión formada buscó darle tiempo a República Ganadera para que encuentra una solución que vemos que no encontró", comenzó explicando, y agregó que las bases para un APR son impracticables: "parte de una base de inyección millonaria en crédito por parte del Banco República con garantías que ni siquiera están claras si se pueden cumplir y además, aún habiendo una inyección de unos U$S 30 millones por poner un ejemplo, con la rentabilidad promedio del negocio, se necesitarían muchos años para cubrir el déficit, no hay que mentirle a la gente", sentenció.
Para finalizar, Decia indicó que a diferencia de la situación de Conexión Ganadera, "todos los inversores tienen algo de ganado, y hay que minimizar el daño vendiendo ahora y abocándose a la búsqueda de otros activos para cobrar en el concurso cada saldo". Respecto del futuro de la situación, el abogado indicó que esperan "que desplacen a la administración y formalicen la prisión preventiva para los directores, que es lo que debería ocurrir en Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera".