La situación económica se ha puesto en el centro de la transición de gobierno, algo esperable dado el serio deterioro fiscal, las advertencias por la deuda y un PBI que hace un buen tiempo que no crece.
Ing. Agr. Nicolás Lussich.
El segundo gobierno del Dr. Tabaré Vázquez está en sus últimos meses de gestión y deja una situación económica preocupante. El presidente electo, Luis Lacalle Pou, ha dicho que la economía está “desordenada”, y -por duro que se sienta para quienes han conducido al MEF- tiene argumentos: el Producto no crece hace varios meses, la inflación se mantiene fuera del rango meta, en un molesto 8,4%, y -lo más grave- el déficit fiscal aumenta, llegando casi a 5% del PBI. Además, el empleo ha caído y siguen recortándose puestos de trabajo.
Desde el oficialismo se contraponen argumentos: a pesar del déficit, la situación financiera del país es buena, el acceso al crédito es fluido (lo muestra el último canje de deuda) y están en marcha proyectos de inversión que van a impulsar la economía en los próximos meses, entre los que se destaca el de la segunda planta de UPM y sus obras asociadas (ferrocarril, caminería, etc.). A eso hay que agregar el reciente impulso al sector cárnico por la excepcional demanda china y la paulatina corrección cambiaria, imprescindible para darle competitividad/precio a toda la economía. Todo indica que el gobierno entrante seguirá con esta corrección del dólar al alza, con moderación y evitando saltos abruptos, como dejó entrever Lacalle Pou en su entrevista con este diario hace una semana, y más recientemente la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en la Unión de Exportadores.
La reciente polémica sobre las tarifas de las empresas estatales se inscribe en este marco de preocupación por la economía y en medio de la discusión entre los que salen y los que entran. Es bastante obvio que dado el aumento del dólar (16% anual) y con el deterioro del resultado económico de las empresas estatales, algún ajuste tarifario corresponde, aunque más no sea para cubrir parte del aumento de costos. Postergarlo es un cálculo político corto y sin fundamento, dada la mencionada situación fiscal. Lo que debería hacer el gobierno saliente es coordinar el asunto con el entrante, y analizar posibilidades y posturas.
En los últimos años el gobierno ha hecho un esfuerzo -por ejemplo- para mantener inalterado el precio del gasoil, el cual va bajando en dólares al procesarse simultáneamente el aumento de la moneda estadounidense. Ha sido una de las respuestas -relevantes- ante las demandas de los sectores productivos del agro y es políticamente razonable que pretenda terminar así el gobierno. Pero en el resto de las tarifas, ajustes mínimos o parciales, parecen inevitables: el petróleo cotiza en dólares y está por encima de la paramétrica; en el caso de UTE, casi toda la energía eólica se paga en moneda estadounidense.
Pero además, hay que recordar que las empresas estatales han aumentado su contribución a las arcas de la tesorería de manera creciente: UTE con más de US$ 300 millones anuales, ANTEL con más de US$ 100 millones y otras empresas (como OSE) con montos menores pero significativos. Si no se ajustan las tarifas, se deberían reducir esos aportes o drásticamente los costos, pero eso parece difícil a corto plazo, por lo que el déficit fiscal aumentaría a niveles aún más críticos, algo que -creo- nadie quiere.
El asunto viene con antecedentes de discusión política dura, pues la oposición ha machacado permanentemente en los últimos años con el tema tarifas, con el argumento de que se las ha usado como vía de recaudación (lo que es cierto). Más atrás aún en el tiempo, todo el capítulo ANCAP y la gestión de Raúl Sendic puso al gobierno a la defensiva, por las millonarias pérdidas que debieron cubrirse -precisamente- con las tarifas de combustibles. Lo sensato -reitero- sería un ajuste que cubra costos; si el caso lo permite el aumento puede estar por debajo de la inflación (un descenso en términos reales). Pero no tocarlas parece más bien una pequeña revancha, más cercana al capricho que a la seriedad política: dejar que sea el próximo gobierno el que dé las malas noticias (eventuales aumentos). La irresponsabilidad de la política fiscal es una receta infalible para provocar una crisis, y ya lo vivimos antes de que el FA llegara al gobierno.
Ajuste fiscal: un medio. En cualquier caso, cuando comiencen a pasar los meses del 2020 el asunto de las tarifas quedará más como una anécdota: si no se ajustan en enero, se hará en marzo, con el gobierno entrante responsabilizando al saliente. El tema de fondo es el importante y creciente déficit fiscal, y cómo el gobierno apunta a reducirlo. Lo logrará si puede combinar 2 cuestiones difíciles de combinar, para lo que necesita una política decidida y algo de suerte: que la economía retome el crecimiento y -obviamente- que se reduzcan gastos de manera significativa, para lo cual la pericia política es tan relevante como la técnica presupuestal.
Excluyo la posibilidad de aumentar impuestos porque el gobierno electo así lo ha comprometido, aunque no descarto medidas que -indirectamente- apunten a una mayor recaudación. Más aún: hay analistas y observadores de la política y la economía que me han expresado que la reducción del IVA en las compras con tarjetas tiene los días contados.
Es claro que la discusión fiscal pone a todo el mundo de mal humor y no es particularmente inspiradora: mejora hablar de desarrollo, mercados, innovación, empleo, reducción de la pobreza… Pero -como ha dicho más de una vez el ministro Astori- ningún país avanza en el desorden económico y fiscal, y es obvio que Uruguay lo tiene que resolver. Se trata de un objetivo urgente para dar lugar a otros, más estimulantes, de mediano y largo plazo; pero no puede saltearse: con déficit y el consiguiente endeudamiento creciente, no hay posibilidades de generar la confianza y la competitividad necesarias para reimpulsar el desarrollo.
Sobre la magnitud necesaria del ajuste la Calificadora Fitch (que ya puso el pulgar hacia abajo en la calificación de la deuda, aunque mantuvo la nota) dice que la corrección debería ser de 2,5% del PBI (bajaría el déficit a 2,5%, dado que está cerca de 5% del PBI). El gobierno electo se propone un ahorro de US$ 900 millones (1,5% del PBI), lo que llevaría el déficit a 3,5% al cerrar el año, o menos si la recaudación mejora por mayor actividad. Las estimaciones sobre la evolución fiscal requieren proyecciones macroeconómicas serias y completas, pero no pueden prever completamente las circunstancias políticas. Considerando esto, cerrar el primer año con un déficit de 3,5% sería un logro interesante y auspicioso, como para hacer pie y seguir reduciéndolo paulatinamente en años siguientes. Si Fitch y el resto de las calificadoras han mantenido la nota con un notorio deterioro de las condiciones fiscales, con más razón la debería sostener si los números empiezan a mejorar, aunque sea paulatinamente.
Las calificadoras tienen que tener en cuenta los temas políticos, pero también que sus propias decisiones son hechos políticos. Y casi siempre las decisiones económicas importantes de un gobierno tienen consecuencias claras y visibles en el siguiente o los siguientes; esto para bien o para mal: la apertura de mercados, el control fiscal, la inversión, ofrecen retornos positivos pero en períodos largos, dos, tres, cuatro o más años hacia adelante. Con las malas decisiones ocurre lo mismo: los desequilibrios fiscales o de precios que genera un gobierno, le terminan complicando las cosas al siguiente, porque así son los ciclos de la economía y porque quienes conducen el gobierno se resisten -habitualmente- a asumir errores y costos políticos.
Con el déficit fiscal esto es particularmente claro, por una razón sencilla: hasta cierto punto, y mientras se pueda financiar con cierta facilidad, el déficit ayuda a la economía: una política fiscal expansiva (gastar más de lo que se recauda, a conciencia) permite sostener mayores niveles de consumo y sostener la actividad. Es lo que está pasando ahora: el gobierno saliente no achica el gasto porque sabe que -en el marco de muy malas condiciones de competitividad- si lo hace, cae la actividad. Y en un año electoral, menos que menos.
Sin embargo, si el ajuste es coherente y efectivo, seguramente puede generar confianza y una recuperación a mediano plazo; el actual gobierno lo intentó por el lado de los ingresos y fracasó. El gobierno entrante lo intentará reduciendo el gasto y veremos qué suerte corre. En Uruguay reducir el gasto es bastante más difícil que aumentarlo: los compromisos quedan firmemente atados e indexados (en especial las jubilaciones) y no hay vuelta atrás. Es un problema serio y hay buenos argumentos para pensar que sin la reforma jubilatoria, el ajuste del gasto será acotado. Pero igual hay que hacerlo: las empresas -en su mayoría- tienen escasa o nula rentabilidad, se genera poco empleo y se pierde más, y -por tanto- el Estado tiene que asumir la realidad: pasar de una política de ambiciosa expansión a una de realista austeridad. Porque el Estado no es un ente aparte de la sociedad uruguaya, aunque a veces lo parezca.