El gobierno plantea un Presupuesto con gasto estable y aspira a que, superada la pandemia, dicha decisión ayude a la economía a retomar el crecimiento. Pero eso no está garantizado: se precisan reformas adicionales y un contexto externo favorable.
Foto: Angus a cielo abierto 2019.
Nicolás Lussich
Ing. Agrónomo MBA / Periodista
El gobierno presentó el proyecto de ley de Presupuesto con el objetivo central de equilibrar las cuentas estatales, que han estado deterioradas en los últimos años, con un déficit fiscal en aumento y sin crecimiento del PBI.
Esto se lograría conteniendo el gasto y dando condiciones para la reactivación, a través de diversas medidas que mejoren la competitividad de la economía. Además de lo ya aprobado en la Ley de Urgencia, se esperan reformas en la seguridad social, empresas estatales y una reactivación de la agenda comercial.
Más allá de la esperable discusión partidaria, no cabe duda de que -cualquiera haya sido el gobierno que asumiera- era inevitable un ajuste de la situación: el déficit venía subiendo y la economía se frenó, entrando en recesión.
Uruguay mantiene el grado inversor, pero hay altos riesgos financieros si la deuda sigue aumentando al ritmo de los últimos años; el presupuesto plantea frenar la relación deuda bruta / PBI, en torno a 68% y para eso es necesario acomodar el escenario fiscal. La pandemia alteró prioridades, pero los problemas previos siguen presentes y hay que atenderlos.
Sumado a eso, el nuevo gobierno tiene una filosofía política distinta a los anteriores: apunta a reducir el peso del Estado en la economía, para dar más espacio y grados de libertad a las empresas y sus trabajadores, una enfoque más liberal. Y hay dos asuntos que -en su óptica- fundamentan poner estas ideas en acción. Por un lado, se plantea que la expansión del gasto del Estado ha obligado al resto de la economía a ajustarse el cinturón, en especial a los trabajadores. Por otro lado, se considera que la economía está funcionando por debajo de su potencial, de manera que -dándole las condiciones- el PBI subirá a un nivel superior y luego seguirá avanzando.
De cumplirse las proyecciones, mientras el gasto queda estable la recaudación aumentaría por la mayor actividad, y el déficit iría bajando. Esta trayectoria mejora en sí misma las condiciones para crecer, porque una mejor situación fiscal trae mayor confianza y es un estímulo para una mayor inversión, la gran apuesta del gobierno. Con la recuperación de la inversión, el empleo mejora y con eso la situación social de miles de trabajadores.
De la teoría a la práctica.
La línea de pensamiento es clara, pero del dicho al hecho hay un trecho. Cada administración tiene sus circunstancias y las que le tocan a la actual son particularmente difíciles, entre otras cosas por la pandemia de Coronavirus, que ha dado un golpe a la economía global nunca visto. Uruguay ha logrado transcurrir este escenario con bastante pericia, pero no se salva de una fuerte caída del PBI este año, con un aumento del déficit para atender las necesidades sociales. El supuesto es que la pandemia se supera a partir del año que viene, pero eso no es seguro. Y aun así, sus secuelas seguirán afectando a nuestro país y al resto del mundo.
Por todo esto, los fundamentos presupuestales necesitan compañía: es clave que se procese la reforma de la seguridad social, que no puede sostenerse en los términos actuales. Es cierto que su efecto no será inmediato, pero su aprobación será una fuerte señal a los mercados financieros e inversores que lo de Uruguay va en serio. También es muy relevante que se logren reducir los costos de las empresas estatales, para un efectivo y sostenible descenso de las tarifas.
Finalmente, la agenda comercial es el gran asunto pendiente, sin lo cual todo lo anterior no será suficiente. Aquí también las circunstancias se han puesto más difíciles: el ciclo de expansión de demanda externa protagonizado por China, sumado al mayor consumo en la región, queda cada vez más lejos en la historia: ahora son tiempos de proteccionismo y confrontación, en los que los países chicos suelen ser perjudicados.
Uruguay ha estado -hasta ahora- atado al Mercosur, bloque con poca vocación de apertura. Un capítulo esperanzador se había abierto a partir del posible acuerdo con la UE, pero éste aparece hoy más en duda, por los reparos europeos a la gestión ambiental brasileña. “No nos enamoramos de los acuerdos”, dijo el presidente Lacalle Pou, en una mezcla de realismo y cierta resignación. El acuerdo no se firmará este año y el gobierno uruguayo apunta a insistir con ampliación de cuotas y reducción de aranceles, en la medida que las negociaciones bilaterales lo permitan.
El asunto es clave porque la recuperación esperada de la economía se fundamenta -además de la inversión- en una demanda externa más afirmada, lo que se configura si se accede con mayor amplitud a los grandes mercados. Uruguay ha mejorado su competitividad con EEUU, Europa y China (gráfica), pero no tiene acceso fácil y abierto, por lo que las ganancias en el Tipo de Cambio no se aprovechan. Mientras, perdemos competitividad con los vecinos, que nos tienen a mal traer en mercados donde concurrimos (como China y EEUU).
Este año las exportaciones van a caer significativamente, por la pandemia y otras circunstancias (gráfica y cuadros), pero puede esperarse que retomen el crecimiento a partir de 2021. Esa recuperación es imprescindible para que se cumplan las proyecciones presupuestales. Los agronegocios tienen todo el potencial para aumentar las ventas y la tercera planta de celulosa es un ejemplo: el aumento en las exportaciones que promoverá (a partir de 2022-2023) elevará el PBI en casi 1,5 puntos porcentuales. Pero solo con eso no alcanza: carnes, lácteos y granos deben subir varios escalones para poner al Uruguay en una trayectoria más virtuosa. Si se suman otros sectores mejor, tanto en bienes como en servicios (por ejemplo en tecnologías de la información). Lamentablemente, el turismo seguirá afectado por un tiempo, de manera que los otros rubros -especialmente los agronegocios- deberían tomar aún más protagonismo.
Para eso tener un Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) fortalecido es muy relevante, pues hay desafíos permanentes en el plano sanitario, de las certificaciones, nuevos controles alimentarios, etc., que reiteradamente plantean los países compradores. Así, es clave que los servicios ganaderos y agrícolas del ministerio estén a la altura de las circunstancias, con recursos suficientes y con los mejores técnicos, como han planteado las nuevas autoridades. El Presupuesto es acotado y hay que tener claras las prioridades. También es auspiciosa la creación del Instituto del Bienestar Animal, para responder activamente a una preocupación creciente de los consumidores por el trato y bienestar de los animales de crianza. Son algunos aspectos que ayudan a mejorar el acceso a mercados y con ello a la economía, sin cuyo crecimiento será imposible superar los crecientes desafíos sociales del país.
