Al momento de escribirse esta columna, una niña uruguaya de nueve años espera con ansiedad el resultado de una apelación -que el Estado está obligado a realizar- en un juicio por un medicamento que le cambiaría la vida, y con un costo de diez mil dólares por mes durante seis años.

También en estos días asistimos a un interminable “tira y afloje” entre el parlamento y el Hospital de Clínicas por un pedido que este realiza de 4,3 millones de dólares para instalar un centro de atención psiquiátrica con ocho camas.

Mientras miramos con preocupación la cortedad de la frazada y nos pone ansiosos el vil metal dejando fuera la atención de las cosas más importantes de esta vida, nos ensordecen los impactos económicos de actuales y futuras acciones sindicales.

En proceso, tenemos una medida de fuerza de FANCAP de no realizar horas extras en el imprescindible mantenimiento de la destilería estatal. La pérdida por lucro cesante de nuestra petrolera se estima en 400 millones de dólares, es decir 500 tratamientos para nuestros niños y de 6 a 7 nuevos hospitales de clínicas.

Si de por sí la cifra es impresionante, la estupefacción se completa cuando se explican las razones de semejante sangría. No existe ningún perjuicio salarial o de condiciones de trabajo para estos privilegiados funcionarios de un monopolio estatal.

El dinero, que serviría para resolver el 20% de los asentamientos o devolvernos lo que la sequía nos llevó de soja, es el precio que debemos pagar los uruguayos para que los funcionarios expresen su discordancia con la política del ente en relación a la producción de portland. ANCAP busca la integración de un socio para poner fin a pérdidas de 25 millones de dólares, que un año sí y otro también, se deben deducir de los flacos salarios de la mayoría de los uruguayos. El supuesto tácito y ofensivo que subyace en esta actitud, es que las políticas que implemente el gobierno que elegimos, deberán someterse al veto de personas a las que nunca autorizamos a cogobernar.

Es también contemporánea a las necesidades que la sociedad padece, una iniciativa para terminar con las AFAP´s, decretar la edad de retiro y aumentar las jubilaciones, todo ello plasmado en la Constitución nacional. Para concretarlo, sólo se necesita una mayoría de personas que deseen ser ricos y sanos en lugar de pobres y enfermos.

De conseguirlo, se habrán neutralizado de un plumazo los enormes esfuerzos de todas las colectividades políticas y a lo largo de nuestra historia para tener el mejor país de América Latina. Seríamos un país inviable para cualquiera que sepa sumar y restar.

Nuevamente, no hay sufrimiento salarial o laboral en juego en esta iniciativa. Se discrepa con la manera que el gobierno encontró -cumpliendo con todos los requerimientos de la democracia- para una reforma impostergable de la seguridad social. Una simple pregunta falaz y tramposa se convierte en un atajo tan efectivo como los que toman las dictaduras militares.

Aquel precoz reconocimiento del derecho de huelga que hiciera la Constitución de 1934 y cuya falta de reglamentación espera festejar su primer centenario, ha degenerado en una versión sindical tóxica y privativa del Río de la Plata.

Por la puerta principal de los derechos de los trabajadores que todos apoyamos, se ha colado silenciosamente y por la puerta de atrás, una misión político-ideológica que opera, para que prevalezca una visión del mundo claramente definida. Esta tarea militante no corre por la autopista de la democracia que todos transitamos, sino sórdidamente por la colectora para llegar antes que los electores.

Nunca más vigente la afirmación de Vargas Llosa: “los pueblos a veces se equivocan y a menudo lo pagan caro”.