Opinión

ALUR y la privatización del Estado

Por Nicolás Lussich.

El fiscal de crimen organizado Luis Pacheco no encontró méritos para iniciar una acción judicial penal contra el senador Leonardo De León, por el uso indebido de su tarjeta corporativa cuando era presidente de ALUR. El dictamen del fiscal es polémico pues él mismo reconoce una actuación irregular y dudosa, y varios abogados y políticos han argumentado que -por eso- debería haber realizado el pedido de procesamiento por apropiación indebida.

Contra esto, el fiscal argumenta que la empresa presuntamente damnificada (la propia ALUR) no hizo la denuncia (la hizo el Partido Independiente), aunque reconoce que podría actuar de oficio.

 

Asimismo, Pacheco señala como evidente que De León, como director de ALUR, no era funcionario público a los efectos penales, por lo que no son de aplicación los delitos contra la Administración Pública. De lo que surge que el director de ALUR dispone de los dineros del Estado (ANCAP es el principal accionista de ALUR, 90% del total), pero no se somete a las regulaciones y posibles penalizaciones a los funcionarios públicos. Parece claro que es una situación insostenible: muchas libertades, y pocas responsabilidades. Una suerte de privatización del Estado, campo fértil para irregularidades.

Claro que ALUR no es el único caso: son decenas las sociedades anónimas cuyo accionista principal es el Estado a través de los entes públicos (ANCAP, ANTEL, UTE, etc.); y plantean la misma situación: sus jerarcas disponen con alta discrecionalidad de los recursos estatales, pero -siguiendo la línea de Pacheco- no tienen responsabilidad como funcionarios del Estado. Obviamente, no en todas las empresas mencionadas se han registrado las escandalosas pérdidas que hubo en ALUR (y en ANCAP). Pero es un limbo legal que hay que ajustar: o se legisla para extender el alcance de la Justicia a los directores de empresas con accionista estatal, o directamente se eliminan estas empresas como tales y -eventualmente- pasan a ser gerencias de los entes. Vale remarcar que esta modalidad comenzó bastantes años antes de que el FA llegara al gobierno.

ALUR se ha transformado en una importante empresas agroindustrial. En 2017 facturó US$ 240 millones, y perdió US$ 2 millones (había perdido US$ 10 millones en 2016). En su rol de productora de biocombustibles para ANCAP, consume anualmente unas 100.000 toneladas de soja y 40.000 de canola para producir biodiesel (en asociación con Cousa), y además procesa casi 150.000 toneladas de cereales para producir etanol en Paysandú. Con eso produce además alimento animal, siendo hoy actor principal de un mercado en el que compite con otros productores de raciones y alimento.

Por los biocombustibles ALUR tiene un contrato de suministro con ANCAP, que le paga la producción a un valor que -hasta ahora- ha estado por encima del mercado; es una empresa subsidiada. Si bien esto se está buscando corregir, ANCAP paga hoy unos 1.300 US$/ha de biodiesel y casi 1.000 US$/ha de etanol. Pero éste último precio es sólo para el etanol que produce en Paysandú (con la nueva planta construida por Abengoa), que trabaja con una eficiencia razonable. En cambio, el etanol que se produce en Bella Unión, a partir de caña de azúcar, ANCAP lo paga más del doble: 2.300 US$/ha. ¿La razón? Hay que subsidiar a Bella Unión, por “razones estratégicas” (eufemismo habitualmente usado para aludir a los intereses políticos); en esa localidad, la planta (ex CALNU) produce unos 17.000 m3/año, pero está sobredimensionada y el subsidio a través del precio no alcanza a cubrir las pérdidas, que se estiman en unos US$ 70 millones por año.

Es una empresa clave

en los agro negocios

del Uruguay.

Los biocombustibles deben mezclarse con los combustibles fósiles al menos al 5%, según la ley. Durante la administración de De León, la mezcla fue superior y -por tanto- mayores los sobrecostos que los consumidores de combustible (incluyendo a todos los productores rurales) debieron pagar por las ineficiencias de ALUR. Todo a costa de expandir el negocio…

Para los consumidores de combustible, esto implica un sobrecosto de 3 $/l en la nafta y 1,5 $/l en el gasoil. Considerando el consumo global, son unos US$ 130 millones anuales (80 por etanol y 50 por biodiesel), si se compara con paridad de importación. La actual administración de ALUR y ANCAP está buscando reducir costos por todos lados, aunque los recortes más a fondo (p.e. Bella Unión) son los más difíciles. Se apunta a bajar la mezcla al mínimo de 5% en ambos combustibles.

Seguramente, varios productores se han beneficiado de contratos de suministro de granos (colza, sorgo, soja, etc.) a ALUR, para fabricar estos biocombustibles; también se benefician Cousa y otras empresas asociadas en sus negocios. Pero ciertamente son muchos más los que se perjudican al pagar un combustible más caro.

Todo ha sido muy poco transparente para el público y la ciudadanía, los dueños efectivos del dinero que se gastó y malgastó ALUR. Si hubiera sido una empresa común, trabajando en competencia, las pérdidas habrían sido del inversor particular y hasta allí la cosa. Pero sucede que eran dineros estatales, usados discrecionalmente y en negocios ineficientes, con mínimo control y mucho interés político: más que agregar valor, el objetivo fue agregar bancas; se requirió toda una investigación parlamentaria, con derivaciones judiciales, para que todo salga a la luz, tarde y mal. Que ahora la gestión de ANCAP sea más sensata no compensa ni responde por lo anterior.

El caso de ALUR lo asocio a una nefasta vocación de algunos políticos por ser empresarios: crear un frigorífico nacional, una aerolínea, sostener fábricas de envases de vidrio o cooperativas de todo tipo a pérdida, etc. etc., en todos los casos gastando millones de dólares de la ciudadanía. En el dictamen de Pacheco, se informa que De León (como representante de ALUR) se reunió con un español (de dudoso nombre) para estudiar el negocio de la basura urbana (!). Dicha creatividad, vocación y espíritu emprendedor es admirable… pero no con nuestro dinero. Hacer negocios discrecionalmente desde el Estado es la negación misma de la empresa, que para generar valor y ganancias, asume riesgos. El empresario, no nosotros.

Rurales EL PAIS