El titular de la cartera, Dr. Luis Alfredo Fratti, remarcó que se trata de un tratamiento paliativo para evitar que los productores abandonen el rubro, subrayando que los recursos públicos son finitos y que el monto total de pérdidas siempre supera la capacidad de respuesta, motivo por el cual se fijó un tope estricto de 40.000 dólares por beneficiario.
El diseño operativo fue detallado por la directora general de la Granja, Laura González, quien explicó que la asignación no surgió de peritajes individuales directos, sino de validar las declaraciones juradas de los propios productores frente a los antecedentes oficiales.
La ayuda se estructuró en dos grandes tramos: un primer piso de hasta 12.000 dólares, de libre disponibilidad y sin exigencia de contraprestación para atender tanto la reconstrucción como compromisos familiares o deudas previas, franja que ampara a más del 70% de los 306 productores registrados. El segundo tramo abarca desde los 12.001 hasta los 40.000 dólares y exige que el titular demuestre haber reparado sus invernáculos, macrotúneles, microtúneles o galpones de empaque, presentando la póliza correspondiente para que el Fondo de la Granja reintegre el capital asegurado.
Aquellas empresas con daños superiores a los 40.000 dólares quedaron excluidas de un excedente debido a su escala patrimonial y capacidad propia de aseguramiento.
Dentro del esquema de liquidación, se aplican dos deducciones que son acumulativas a quienes no estuvieran ajustados a los requerimientos del MGAP, previo al evento climático. El no haber estado inscripto en el Registro Nacional Frutihortícola o que careciera de seguro en ese momento, implica dos reducciones sobre el monto asignado, del 10% y 15% respectivamente, las cuales pueden combinarse y alcanzar hasta una penalización del 25% del total a cobrar.
Aunque técnicamente hablamos de deducciones y/o penalizaciones por no cumplir con los requerimientos planteados por el MGAP; el ministro Fratti prefirió matizar el concepto, señalando que no se trata de sanciones ni castigos, sino de un tratamiento diferencial que premia el orden formal, insistiendo en que el productor regularizado cobra la totalidad y que el Estado está beneficiando a aquellos que fueron por el camino que la administración considera correcto.
Por su parte, el subsecretario Matías Carámbula enfatizó que la inyección económica busca recomponer la base productiva integral de Salto, protegiendo tanto a las explotaciones como a los trabajadores y a la cadena de servicios comerciales locales, paquete al que se sumó la prórroga de los aportes al BPS de setiembre hacia el mes de noviembre.
Desde la óptica gremial, el representante de los productores en la Junta Nacional de la Granja, Matías Villarroel, reconoció la utilidad del auxilio, pero advirtió que responder al 100% de lo perdido resulta imposible por la magnitud de la catástrofe y la baja rentabilidad histórica del sector. Villarroel reclamó retomar una política más abarcativa y accesible de subsidio a las pólizas de cobertura para que asegurar sea una herramienta viable en todas las escalas.