Uruguay mantiene desde hace décadas un estatus sanitario reconocido que no es fruto del azar. Es el resultado de un sistema basado en la vacunación sistemática, la vigilancia permanente y la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias, sostenido por una articulación constante entre el Estado, los productores y los veterinarios que trabajan en el territorio.
En ese entramado, la fiebre aftosa ocupa un lugar central. Se trata de una enfermedad conocida y controlada en gran parte del continente, pero que continúa condicionando las políticas sanitarias por su impacto directo sobre el comercio internacional de animales y productos de origen animal. La región sudamericana se encuentra cerca de su erradicación total, con la mayoría de los países libres y con el foco puesto en lograr el mismo estatus en los territorios que aún no lo alcanzan.
Aun así, los episodios registrados en países que ya estaban libres de la enfermedad muestran que el riesgo de reintroducción nunca desaparece. Por eso, el desafío no es solo mantener el estatus sanitario, sino sostener sistemas de vigilancia capaces de detectar rápidamente cualquier sospecha y activar de inmediato los protocolos de respuesta.
“La fiebre aftosa se le gana con rapidez”, sintetizó el director de Servicios Ganaderos, Marcelo Rodríguez. La afirmación resume una lógica que atraviesa toda la política sanitaria: el tiempo es determinante. Cuanto antes se detecta una sospecha, más rápido se puede actuar, limitar la propagación y reducir el impacto productivo, sanitario y comercial.
Las experiencias históricas en las Américas muestran que los brotes de aftosa fueron puntos de inflexión. Empujaron a los países a fortalecer sus servicios veterinarios, invertir en recursos humanos y técnicos y desarrollar sistemas de vigilancia capaces de anticiparse a los problemas. Hoy, con la enfermedad controlada en la mayor parte del continente, la prevención continúa siendo una tarea activa y permanente.
Organismos internacionales como la Organización Mundial de Sanidad Animal señalan que los países libres de fiebre aftosa deben sostener la inversión en prevención y vigilancia para evitar su reintroducción. Ese concepto de “servicios veterinarios” no se limita al rol del Estado: incluye a los productores, laboratorios y, especialmente, a los veterinarios de libre ejercicio, que funcionan como primera línea de observación y notificación en el territorio.
En Uruguay, la fortaleza del sistema sanitario descansa en esa corresponsabilidad. La presencia territorial de profesionales, su vínculo cotidiano con los productores y su articulación con los servicios oficiales permiten que, ante cualquier sospecha, se activen de forma inmediata los mecanismos de evaluación y respuesta.
Cuando ese engranaje funciona, la contención es rápida, la propagación se limita y el impacto económico se reduce. En el caso de la fiebre aftosa, detectar una sospecha en forma temprana puede marcar la diferencia entre un evento controlado y una crisis sanitaria de gran magnitud.
Hablar hoy de fiebre aftosa no implica hablar de emergencia. Implica hablar de prevención, de sistemas que funcionan y de un compromiso sostenido entre el Estado, los veterinarios y los productores. Como lo demuestra la experiencia regional, la defensa sanitaria se construye todos los días, y la rapidez sigue siendo la mejor herramienta para sostenerla.
