Productores y vecinos afectados por el proyecto de la represa de Casupá se movilizaron este miércoles en Montevideo, donde entregaron una carta dirigida al presidente de la República, Yamandú Orsi , en la que solicitaron una reunión para exponer sus cuestionamientos a la obra.
La concentración comenzó en Plaza Independencia y culminó frente a Torre Ejecutiva. Sin embargo, el mandatario no se encontraba en el lugar. Según explicó Álvaro Rivadavia a Rurales El País, la delegación fue recibida por Braulio Fugoni, secretario del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien recibió la nota, firmó su recepción y se comprometió a darle trámite. Además, los manifestantes entregaron una carta similar en la Corporación Andina de Fomento (CAF), organismo que financiará el proyecto.
Posteriormente, la movilización continuó hacia la explanada del anexo del Palacio Legislativo, donde los vecinos leyeron una proclama y reiteraron su rechazo al emprendimiento.
Rivadavia explicó que la carta entregada al presidente resume los principales hechos ocurridos durante el último año y recuerda que Orsi se comprometió en dos oportunidades a recibir a los afectados.
"Hoy hace exactamente un año que empezamos con este tema. Hace un año le enviamos la primera carta pidiéndole una entrevista y en este documento enumeramos todo lo ocurrido desde entonces. Lo que reclamamos es que cumpla con lo que prometió en dos oportunidades: recibirnos y escuchar nuestros argumentos de primera mano", sostuvo.
Según el vocero, el presidente asumió ese compromiso durante la inauguración del Frigorífico Florida y posteriormente en la inauguración del Congreso Nacional de Intendentes, en Salto.
"Queremos que el presidente tenga un insumo más para tomar una decisión con conocimiento de causa. Incluso nos gustaría que visitara la zona para conocer de primera mano la realidad del lugar", afirmó.
Durante la movilización también se dio lectura a una proclama en la que los vecinos sostuvieron que no se oponen a encontrar soluciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, pero advirtieron que el desarrollo "no puede construirse sacrificando comunidades, destruyendo ecosistemas irremplazables y poniendo en riesgo un patrimonio histórico y cultural".
En el documento señalaron que la construcción de la represa inundaría miles de hectáreas de campos productivos, afectaría a numerosas familias rurales y provocaría la pérdida de monte nativo, además de sitios arqueológicos y construcciones de valor histórico vinculadas a la región. También plantearon dudas sobre que la represa sea la mejor solución para el abastecimiento futuro de agua potable y reclamaron que se analicen otras alternativas antes de adoptar una decisión que consideran irreversible.
La proclama concluye con un llamado a que las autoridades escuchen a quienes viven en el territorio y evalúen con el mismo rigor los costos ambientales, sociales, económicos y patrimoniales del proyecto, convocando a un diálogo amplio antes de avanzar con la obra. "Que prevalezca el diálogo. Que prevalezca la ciencia. Que prevalezca el interés nacional", expresaron los manifestantes.
Los vecinos también cuestionaron la utilidad de la represa a largo plazo y advirtieron que concentraría aún más el abastecimiento de agua potable de la región metropolitana en una única fuente, además de afectar una zona de alto valor productivo y ambiental.
El gobierno defendió el proyecto
Consultado sobre la movilización, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, afirmó que el gobierno trabaja en dos aspectos centrales: el proceso de expropiaciones y la evaluación de impacto ambiental, junto con las medidas de mitigación y compensación correspondientes.
El jerarca sostuvo que tanto el Ministerio de Ambiente como OSE han mantenido instancias de intercambio con los vecinos y recordó que participó de reuniones en Florida, Lavalleja y en las juntas departamentales.
"Conversar siempre. En lo personal y con todo el equipo estuvimos tanto del lado de Lavalleja como en Florida, en largas jornadas de trabajo", afirmó.
Respecto a los cuestionamientos planteados por los manifestantes, Ortuño señaló que las alternativas fueron estudiadas por los equipos técnicos de OSE y del Ministerio de Ambiente, respaldados por estudios realizados durante décadas.
Según explicó, la principal vulnerabilidad del sistema de abastecimiento es la falta de capacidad para almacenar agua suficiente durante períodos de sequía, situación que quedó en evidencia durante la crisis hídrica de 2023, cuando la represa de Paso Severino no logró garantizar el suministro de agua potable para la región metropolitana.
"Necesitamos construir una represa y el mejor lugar para hacerlo es el arroyo Casupá, no porque lo digamos nosotros ahora, sino porque así lo señalan estudios técnicos realizados desde hace décadas por la calidad del agua y el volumen disponible en ese punto", sostuvo.
El ministro agregó que el gobierno atenderá las situaciones particulares de los propietarios rurales alcanzados por el proyecto, aunque ratificó la decisión de avanzar con la obra al considerar que constituye la alternativa más adecuada para fortalecer la seguridad hídrica del área metropolitana.