Opinión

Palos porque bogas

Ing. Agr. Nicolás Lussich.

Las gremiales rurales decidieron retirarse del Consejo de Salarios del sector rural, ante la decisión del Ministerio de Trabajo (MTSS) de decretar un aumento de salarios que -a juicio de los productores- no correspondía. Una vez más, las empresas quedan como los malos de la película: ¿Cómo pueden rechazar un aumento modesto, sobre todo considerando los bajos salarios del sector rural? Pero esa es una película de fantasía: la realidad indica que -en el campo- los sueldos han tenido un aumento sin antecedentes y están en sus máximos históricos, muy por encima de la suba de los precios y la productividad del sector (ver gráfica). De tal forma que -hoy por hoy- los salarios rurales compiten bien con otros sectores que, hasta hace no mucho, tenían retribuciones mejores. Hoy, un peón especializado gana más de 21.000 pesos nominales, a lo que hay que sumar casa y comida (o el ficto, si es el caso, que ronda 3.400 pesos). Esto totaliza unos 800 dólares mensuales.

 

Es insoslayable la incidencia del gobierno de izquierda en esta tendencia, al definir una política laboral que enfatizó permanentemente en la mejora de los salarios en general, y del campo en particular, sobre todo en los salarios mínimos. Pero esto no quiere decir que todo el aumento en los sueldos rurales se deba a su impronta: las subas pudieron concretarse por la firme expansión del sector entre 2003 y 2014 (ya luego la cosa se ha vuelto más difícil). Lo que nos lleva a pensar que si otro hubiese sido el gobierno, también se habrían dado subas salariales fuertes, aunque tal vez con características distintas, posiblemente con salarios mínimos más moderados y un mayor empuje en los sueldos medios y altos (esto vale para toda la economía, no solo para el agro).

Lo penoso de todo este proceso es que se dio en un permanente clima de desconfianza: el gobierno del Frente Amplio -en general- ha visto al agro con recelo y a sus gremiales como adversarias. Bien atrás quedaron las movilizaciones conjuntas por el “país productivo”, cuando imperaba la crisis: en estos años, lo que se ha buscado es extraer del agro lo más posible en términos de retribuciones, mientras se criticaba la soja por transgénica, la ganadería por terrateniente y a la celulosa por multinacional (aunque finalmente se firmó el acuerdo con UPM para una segunda planta; tamaña inversión no se podía escapar).

Mientras el sector crecía, las tensiones se controlaron. Pero a partir de 2015 con la caída en los precios internacionales el sector está enfrentando problemas serios. Y ya desde 2016 -sino antes- en el Consejo de Salarios del sector rural no hay acuerdo entre las partes: el gobierno decreta los aumentos y todos a cumplir. Por eso, que las gremiales ahora se hayan retirado no debería sorprender ni constituye -como muchos inadvertidos piensan- un portazo: la puerta a los planteos de los productores está cerrada hace rato.

 

Según el MTSS, corresponde un ajuste correctivo en julio de 2% pues esa es la diferencia entre la inflación y el aumento preestablecido en el primer semestre. Para los productores, el aumento no corresponde pues el salario real a junio ya está 2% por encima de un año atrás. En cualquier caso, ya son varios los productores que han comenzado a aplicar el correctivo de 2% en la liquidación de julio. El asunto pasa ahora por ver cuál será el aumento efectivo en esta nueva ronda de negociación (la séptima); solo con aumentar un 1% a partir de julio se alcanzaría a sostener el salario real.
Si los aumentos van más allá de eso, se corre el riesgo de agudizar otra tendencia no tan estimulante: la caída en el empleo. En esta misma columna planteamos hace pocas semanas que el agro tiene -contrariamente a lo que se plantea en algunos discursos, sin asidero- una gran capacidad de crear y sostener empleo, directo e indirecto, y además -por supuesto- de ubicarlo en las localidades de todo el país, colaborando en el desarrollo comunitario y descentralizado. Y veíamos que después de una fuerte caída, el empleo en el sector parece sostenerse. Sin embargo, el último dato de empleo del INE es desalentador: hay una abrupta retracción del empleo rural en junio.

En cualquier caso, la tendencia es clara: después de un notable empuje del empleo en el campo, durante la expansión del 2003 al 2014, se registró una fuerte caída que parecía irse frenando hasta el último dato comentado. Si se fuerza un aumento salarial general por encima de las posibilidades del sector (bastante restringidas, por cierto), se arriesga a deprimir más aún el empleo en el agro. Sería más que una torpeza.

Esto no quiere decir que -en los establecimientos que lo demanden y puedan hacerlo- se establezcan remuneraciones mejores, en la medida que las virtudes de cada establecimiento lo puedan sostener. Para esto, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor en comprender la dinámica del sector y generar ámbitos de discusión y negociación más abiertos y equilibrados. Algo se ha hecho, pero puede hacerse mucho más. Están las herramientas como el INEFOP, la ANDE (OPP), lo que hacen las instituciones educativas, etc., para generar dinámicas virtuosas. Es mejor esto que salir a apagar incendios (como ya se planteó al INEFOP y ANDE en el caso de Pili).

Y el ámbito de las relaciones laborales tiene que cambiar de tono.

Si el MGAP quiere impulsar la Conciencia Agropecuaria, debería empezar por el MTSS.

Rurales EL PAIS