Preocupados por la situación económica en Argentina y los problemas ambientales en Brasil, corremos el riesgo de soslayar nuestros propios problemas económicos y ambientales.
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Ing. Agr. Nicolás Lussich.
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Con la ventaja de quienes miramos desde fuera y con la distancia que ayuda a ver más objetivamente las cosas, la situación de Argentina luce realmente muy triste. Un país con un singular potencial, por la calidad de sus personas y sus riqueza naturales, que ha dado artistas, científicos, intelectuales, deportistas, profesionales que están en la primera línea mundial, no logra salir de la mediocridad económica y las reiteradas crisis. En medio de la actual, con la responsabilidad política que le cabe al gobierno de Macri, cabe recordar que Argentina había logrado -con un durísimo sacrificio de su gente y de la producción- salir de la hiperinflación y entrar en un período de estabilidad de precios, en los 90. Aún luego de la grave crisis de 2001-2002, que elevó transitoriamente la inflación, los precios volvieron a normalizarse. Pero a lo largo del período kirchnerista la inflación comenzó a irse de límite hasta llegar a la penosa decisión de no informarla más. Con Macri no logró reencauzarse y ya supera el 50% anual.
Todo aquel costoso esfuerzo de los 90 luce inútil.
En aquella crisis, también, los argentinos decidieron no pagar su deuda con los acreedores en las condiciones preestablecidas (default), una decisión que les sigue costando millones por el descrédito institucional. Aun así por las malas, con quitas sobre el capital original, la deuda del país bajó fuerte, pero esto también quedó en el pasado: el endeudamiento ha vuelto a crecer a niveles poco sostenibles durante la administración Macri y el riesgo del default asoma otra vez.
La comparación con Argentina nos deja en ventaja porque Uruguay está mucho mejor: pese al alto déficit fiscal, el mercado internacional nos sigue financiando a tasas muy bajas, reflejo del Grado Inversor de nuestra deuda soberana, producto de una bien ganada credibilidad. La economía está estancada y puede entrar en recesión, pero no estamos en crisis. Hay problemas de empleo y los costos para producir son muy altos, pero los avances en el sector forestal, la ganadería y otros no agropecuarios, también hay que destacarlos.
Sin embargo, la comparación con Argentina puede ser un consuelo peligroso: podemos caer en el falso supuesto de que se puede seguir adelante sin encarar reformas profundas y ajustes significativos a nivel fiscal; que podemos seguir adelante esperando que la economía se recupere, porque tras las obras de UPM vendrán otras más. Apostar a esto desconociendo los problemas puede terminar mal; cuando el optimismo se asocia con ceguera es doblemente peligroso: se va para adelante sin ver y podemos darnos un duro golpe. La conducción económica debería abocarse a mejorar la situación fiscal para evitar caer en lo que -durante el primer gobierno de Vázquez- el propio ministro Astori llamó trilogía fatal: alto déficit, alta deuda y atraso cambiario. Estamos cerca de caer en la misma trampa.
Cuestiones ambientales.
Mientras Argentina debate cómo salir de la crisis económica, en Brasil -cuya economía también está estancada- emergió una dura discusión sobre la situación ambiental: las quemas en la Amazonia y el Cerrado crecieron drásticamente este año y la hipótesis plausible es que se deba al cambio de gobierno y la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia. Las quemas son una práctica frecuente en dichas regiones, pero son ilegales; fácilmente detectables por satélite, difíciles de reprimir in situ, por las distancias y las adversidades del terreno. Todo indica que, con Bolsonaro en el gobierno, los ilegales se han envalentonado y llevado las cosas a un extremo preocupante, excusados por la dura retórica anti-ambientalista del presidente. Además, según un informe de la revista The Economist, el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) ahora anuncia los lugares donde hará inspecciones… Agrega que si la Amazonia pierde el 25% de sus bosques, el deterioro se hará irreversible. Ya va en 17%.
Ante la situación, el propio sector de los agronegocios -señalado como principal responsable de los problemas- se ha puesto en alerta: el presidente de la Asociación Brasileña de Agronegocios (ABAG), Marcello Brito, dijo que si las quemas no se solucionan, se corre el riesgo de un boicot a los productos brasileños. Dicho y hecho: el presidente de Francia, Emanuel Macron (que nunca estuvo afín al tratado UE-Mercosur) anunció que dejará de respaldar el acuerdo. Finlandia (país de origen de UPM) propuso frenar las compras de carne brasileña. Barreras no arancelarias en su máxima expresión.
Con Bolsonaro, el tema ambiental a Brasil se le hace más difícil, pero los problemas no son nuevos: por muchos años se vienen dando invasiones ilegales de tierras federales y reservas, que luego -por la vía de los hechos o con amnistías legales- terminan en manos de los invasores, que se constituyen en propietarios. Es lamentable porque Brasil ha avanzado mucho en reglamentaciones ambientales: en varios Estados, quien explota una determinada superficie debe adquirir una superficie equivalente al 30% de la utilizada (en el establecimiento o en otra parte) para destinarla a reserva ambiental inalterada. Pero si las leyes no se hacen cumplir, son letra muerta.
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En Uruguay la situación de la Amazonia también causó legítima preocupación, por tratarse de un país vecino y por su impacto global. Pero ayuda poco si soslayamos los serios problemas ambientales que tenemos en nuestro propio territorio, desde la gestión de la basura hasta la falta de saneamiento en muchas localidades, pasando por lo que -tal vez- sea el asunto más preocupante: la calidad de agua en varios de nuestros principales cauces, en especial el Río Santa Lucía. En todos los casos se está trabajando para mejorar, pero se necesitan inversiones importantes y los avances son lentos.
Como en Brasil, el agro está en el centro de la discusión y enfrenta un problema doble: el desafío ambiental en sí mismo, y cómo se comunican las cosas. Porque sin soslayar el impacto que las actividades productivas tienen en el ambiente, ciertamente no son las únicas y -en muchos casos- no son las de mayor efecto. Para tener una visión clara y objetiva hay que medir, evaluar, ponderar, pero muchas veces va antes la acusación y el panfleto, que los datos científicos objetivos. Más allá de esto, el sector deberá incorporar cambios profundos en los sistemas de producción agrícolas y lecheros, lo que conlleva mayores costos. Es importante que toda la sociedad incorpore esto, dado que el agro fue protagonista del último gran ciclo de crecimiento económico entre 2006-2014.
Uruguay también tiene desafíos de ordenamiento territorial. Contrariamente a nuestro vecino del norte, la tierra en Uruguay está ocupada hace siglos, con propietarios legalmente constituidos con todos sus derechos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte algunos productores están enfrentando ciertas restricciones a sus posibilidades de producción, entre otros factores por la extensión del Sistema de Áreas Naturales Protegidas (SNAP), que define zonas protegidas y adyacentes sensibles, donde ciertos rubros como forestación o producciones intensivas, están limitados. Esto acota derechos y afecta el precio de la tierra, por lo que debe haber una razonable compensación. El asunto se está estudiando y Colonización podría ayudar en este plano, con un rol más activo y moderno, más volcado a apuntalar las políticas ambientales.
Ampliar las zonas de reserva natural es un objetivo compartible, pero puede tener costos para los productores y hay que afrontarlos. Algo similar sucede con algunos criterios planteados por la Dirección de Ordenamiento Territorial (Dinot). Aún con estas dificultades, si las cosas se hacen bien y en conjunto con los productores, el resultado puede ser positivo. Pero no se pueden soslayar los costos agregados que una política ambiental más ambiciosa tiene. No nos podemos hacer los distraídos.