La Federación Rural dio a conocer un documento en el que sistematiza los principales planteos realizados por la gremial ante el Poder Legislativo y el resultado que tuvieron en el tratamiento presupuestal. El informe, presentado en formato de cuadro comparativo, deja en evidencia que una parte sustancial de las propuestas del sector agropecuario no fueron contempladas, pese a su carácter estructural para la producción.

Uno de los pocos puntos que tuvo una respuesta favorable fue la creación de una Comisión Interinstitucional de Gobernanza para el fideicomiso de salud animal, que se instituyó a solicitud de la Federación Rural. Sin embargo, el resto de los planteos vinculados a este instrumento no corrieron la misma suerte.

Entre ellos, la declaración del plan de erradicación de la bichera como política de Estado, la exigencia de unanimidad en la comisión para modificar el fideicomiso, la reserva del 50% del fondo para enfermedades prevalentes y la asignación de recursos a investigación en salud animal. En todos estos casos, según consigna la FRU, “no se tuvo en cuenta” lo solicitado.

Otro de los puntos sensibles para el sector fue la incorporación de un nuevo impuesto a los fitosanitarios. La Federación Rural había solicitado expresamente que ese artículo no se incluyera en la ley de Presupuesto, al considerar inapropiado el abordaje del tema por esa vía. No obstante, el resultado fue el opuesto: el artículo fue incorporado, creando un nuevo gravamen sobre los productos fitosanitarios.

En materia de fondos sectoriales, la gremial también planteó que al menos el 50% del Fondo de Naturaleza y Clima regresara al sector agropecuario, con una posible orientación hacia un fondo de emergencia agropecuaria. Esa solicitud tampoco fue atendida.

En el caso del impuesto del 1% municipal a los semovientes, la Federación Rural solicitó directamente su eliminación. Como respuesta, se resolvió crear un ámbito de discusión en el marco de la comisión de descentralización, con un plazo de 180 días para expedirse, sin una definición concreta.

Otros planteos desestimados incluyen el retorno del INIA al esquema original de financiamiento 50% productores y 50% Estado, la no utilización de fondos de Rentas Generales del INC para la compra de tierras, y la creación de un Observatorio de Campo Natural en el ámbito de la mesa de ganadería sobre campo natural.

En la síntesis final del documento, la Federación Rural expresa su preocupación por el resultado del proceso. “Lamentamos profundamente que varios de nuestros planteos razonables sobre temas clave para el desarrollo del sector agropecuario no hayan sido incorporados”, señala el texto, y agrega que, en este caso, “los legisladores priorizaron otros intereses, más electorales que de relevancia para el desarrollo del país más agropecuario del mundo”.

El pronunciamiento vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre las demandas del sector productivo y las decisiones políticas adoptadas, en un contexto donde la competitividad, la sanidad y la carga impositiva continúan siendo ejes centrales del debate agropecuario.