Proyecto Suelos de Prioridad Forestal “cambia reglas de juego para sector”
Pablo Antúnez
La Sociedad de Productores Forestales del Uruguay manifestó su preocupación por el riesgo que supone aprobar el Proyecto de Ley “Suelos de Prioridad Forestal”, aprobado en la Cámara de Diputados, porque “afectará negativamente al Uruguay, a la sociedad, al sector agropecuario y a la forestación”.
Directivos de la gremial concurrieron a la Comisión de Ganadería del Senado para brindar la posición del sector. El Proyecto de Ley “significará afectar negativamente el clima de inversiones, la imagen del país y elimina una política de Estado sostenida por siete gobiernos, por más de tres décadas”, pero además, “cambia las reglas de juego”.
La gremial estuvo representada por el presidente Nelson Ledesma; Ing. Agr. Francisco Bonino (vicepresidente); Ing. Agr. Alberto Rodríguez (Secretario); Ing. Agr. Diego Carrau; Ec. Miguel Helou (Gerente General); Ing. Agr. Claudia Pittamiglio (Secretaria Técnica).
La presentación tuvo tres bloques. En el primero se expusieron las razones por las que el sector no ve motivos, ni razones que justifiquen el proyecto. Posteriormente, hicieron un análisis de cada uno de los artículos del proyecto y las consecuencias negativas que tiene para la forestación uruguaya y para el país. Al final, presentaron una rápida síntesis del impacto económico y social que tiene el sector.
Visión. “No hay razones sociales, ambientales ni económicas que fundamenten la necesidad de proteger o defender un interés general que pudiera estar amenazado por la actividad forestal y que justifique un Proyecto de Ley de este tenor. Al contrario, diríamos que por razones ambientales (protección de suelos, contribución a la reducción atmosférica de gases de efecto invernadero (GEI -captura CO2, calidad del agua, etc.), sociales (oportunidades de trabajo de calidad, desarrollo para la población, descentralización) y económicas (inversiones, ingresos de divisas, contribución al estado). El sector es estratégico para el desarrollo futuro del país, tal cual lo identificó y señaló la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la administración anterior, en su visión estratégica hacia el año 2050”, remarcó la presentación de la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay.
Dejaron claro que a lo largo de 34 años de la Ley Forestal, hubo más de 27 Decretos y leyes que acompasaron el desarrollo del sector. “Hay suficiente normativa legal que regula al sector forestal, por lo cual este proyecto no se justifica, ni es necesario”, dijeron.
Afectación. La delegación de dirigentes, técnicos y empresarios dejó en claro que para las empresas del sector el proyecto impulsado genera “una enorme incertidumbre, el saber qué va a pasar con las inversiones realizadas fuera de suelos de prioridad forestal, pero bajo el marco legal existente, cuando vayan a replantar estas áreas”.
Agregaron que, de aprobarse la iniciativa, las empresas del sector “se verán obligadas a comprar más tierra para completar sus proyectos” y “genera incertidumbre”, porque pone dudas sobre la certeza y la previsibilidad jurídica condición fundamental para decidir inversiones de tan largo plazo.
A su vez, consideraron que genera “un impacto negativo en la producción al desestimular la inversión. Afecta mayoritariamente a los productores nacionales medianos y pequeños”, detallaron.
“Las empresas grandes tienen acuerdo de inversiones con el gobierno y además están bajo el paragua de los acuerdos de inversiones entre países”.
Según la visión de la Sociedad de Productores Forestales, también “afectará la libertad y los derechos de los productores agropecuarios de decidir que producir en su establecimiento, al restringirles la posibilidad de diversificar y complementar su matriz productiva. Afecta los derechos adquiridos de aquellos productores que no tienen suelos de prioridad forestal. Provocará una distorsión muy importante en el valor de la tierra y las rentas, al reducir la capacidad productiva de los campos afectados con la consecuente pérdida de valor (Patrimonial) y reducción de las rentas (flujos)”.
Por otro lado, se consideró que el proyecto “afecta negativamente la imagen del país y su clima de negocios. Se da una muy mala señal a los inversores. No sólo del sector, sino en general. Se generar incertidumbre jurídica al cambiar las reglas de juego sin justificación alguna sobre la necesidad de proteger un bien de interés general. Se cambia radicalmente una política de Estado que fue mantenida y aggiornada por 7 administraciones pertenecientes a distintos partidos políticos, que sin dudas afectará el crecimiento y desarrollo del sector. Se pasa de una política de promoción a una política de restricciones y prohibiciones”.
No menos importante es el argumento que sostiene que el proyecto “promueve mayor concentración de la tierra, en la medida que las empresas deberán comprar más tierra para lograr satisfacer las necesidades de materia prima para sus industrias”.
Equivocados. Los productores forestales tiraron abajo el argumento de que se plantan en árboles en cualquier suelo.
Los concurrentes a la Comisión de Ganadería del Senado explicaron que “las plantaciones que existen fuera de los suelos de prioridad forestal (unas 237.611 ha según el MGAP) fueron plantaciones que se hicieron bajo la ley forestal o anteriores a ésta, y no por fuera de la ley (o aprovechando vacíos legales)”.
Citando algunas de las razones por las que existen plantaciones de árboles fuera de los suelos de prioridad forestal, aclararon: “ Nunca estuvo prohibido plantar árboles, en el entendido que la libertad de las personas a realizar una actividad económica es un bien fundamental y está en nuestra constitución. Pueden existir algunas excepciones que por razones ambientales o normativas específicas departamentales (LOT) puedan restringir la posibilidad de plantar (Ej. plantar en suelos hidromórficos)”.
A su vez, “la Ley Forestal tomaba como unidad el padrón. Si este tenía un 60% de PF, una vez plantado el 90% de esa área, automáticamente se daba la condición de PF al restante 40%. La razón era promover la optimización del uso del suelo (mosaicos de suelos) y la inversión en infraestructura favoreciendo la concentración de las masas forestales y evitando la atomización del recurso forestal”. En el año 2006 el decreto 191/006, agrega al numeral I del artículo 5to del decreto 452/988 el literal c) donde se incluye dentro de la calificación de bosques protectores a los bosques de servicio de un predio agropecuario con una superficie máxima del 8% del total del predio. Por el mismo decreto mencionada en el punto anterior, se dio de baja a grupos de suelos Coneat que eran de Prioridad Forestal y que por esa razón fueron forestados entre 1987 y 2005. Ejemplo grupo 9.41, 9.5, 9.6 ubicados en el litoral oeste. Unas 49.000 ha. Por otro lado, existen plantaciones anteriores a la ley cuyos objetivos fueron energético/papelero, en suelos de no PF asociadas a industrias Ej. Metzen y Sena, Fanapel, Rausa, Ipusa, etc. Unas 80.000 hectáreas. Se aclaró también que “hay plantaciones fuera de SPF que se hicieron y fueron autorizadas por el MA a efectos de recuperar y revertir la condición de degradación de los suelos, debido a la práctica continua de la actividad agrícola sin medidas de conservación”.
Árboles crecen menos en los mejores suelos A las empresas forestales no les interesa plantar los mejores suelos, porque “los árboles crecen menos o no crecen. Tampoco al productor agropecuario le interesa destinar los mejores suelos de su predio para plantar árboles”, aclaró la delegación de la Sociedad de Productores Forestales. A su vez, destacaron que “la complementación de la actividad principal del productor con el rubro forestal le permite obtener ingresos adicionales que puede reinvertir en su actividad principal, mejorar su rentabilidad, su calidad de vida y permanecer en el campo”. Derribaron también el mito de que la forestación crece a un ritmo avasallante. “La realidad y las cifras oficiales demuestran que no es así y que la tasa anual de nuevas plantaciones forestales es de 15.000 hectáreas por año (1,4%)”, aclaró la SPF.