Agricultura

Asamblea de arroceros molesta con el gobierno y sin fijar precio

Manejaron US$ 8,75 por bolsa como un valor de referencia por ahora.

Exportación de arroz.

Pablo Antúnez

Tras seis horas de Asamblea para debatir dos temas, los productores arroceros mostraron su desazón y  preocupación por su futuro incierto. El endeudamiento pesa fuerte sobre las empresas del sector —llevan seis zafras con pérdidas—, consideran que hay poco apoyo desde el gobierno y encima, apenas se lleva vendido el 11% de la zafra, por complicaciones en los mercados, lo que dificulta la fijación del precio provisorio con los molinos.

Ese precio provisorio, es un valor de referencia que le permite a las empresas hacer sus cuentas con números firmes, pagar deudas y determinar el área que plantarán en la próxima zafra, entre otras decisiones.

La Asamblea Extraordinaria de la Asociación Cultivadores de Arroz se desarrolló ayer en INIA Treinta y Tres. Hubo dos temas en al convocatoria: situación del sector y perspectivas; Negociaciones de precio provisorio.

“Fue una Asamblea muy concurrida, con el auditorio de INIA repleto”, afirmó a El País el presidente de ACA,  Alfredo Lago al final del encuentro.

Con apenas el 11% del arroz de la pasada zafra vendido, Lago confirmó que la Asamblea resolvió “postergar la fijación del precio provisorio hasta que se alcance el 35% de venta. A todo eso y para generar un ingreso a los productores para pagar rentas y compromisos, hay un valor de referencia de US$ 8,75 por bolsa”.

Precisamente, el presidente de la ACA explicó que ese valor “busca contemplar “la poca fluidez de negocios que existe y mostrar que esto va a tener que ser estudiado cuando aproximadamente en septiembre se hayan llegado al 35% de los negocios”.

Los asambleístas aceptaron esta postura de la directiva de la ACA y transmitió que esos US$ 8,75 por bolsa (de 50 kilos) “no es suficiente y es un precio de ruina”, dijo Lago.

El gremialista destacó que la falta de fijación de un precio provisorio, “generará más dificultades para enfrentar los compromisos de la zafra pasada y conformar la zafra próxima”.

Malestar.  A su vez, los productores mostraron su malestar con el gobierno y lo que consideran una falta de apoyo hacia el sector. Para mostrar ese malestar, hubo una moción en la Asamblea que determinó la creación de una Comisión Especial, que estuvo redactando la Declaración Final.

“Transmitimos lo que hizo la Comisión Directiva de la ACA y la valorización es que es una limosna lo que nos dan y muestra que no entiende la importancia del sector y de la región”, afirmó Lago.

Esa declaración que se está redactando, pretende emitir “un llamado de alerta a todo el Estado, que lamentablemente está de espaldas al sector”.

Lago contó que el pasado lunes, la ACA participó de una instancia de negociación con el Ejecutivo, armada por el presidente Tabaré Vázquez, para trabajar sobre instrumentos financieros. “Vamos a seguir insistiendo pero el sector arrocero hoy se siente desamparado con este gobierno que está pensando en llegar al 1° de marzo para entregar la posta”, afirmó el presidente de la ACA.

Uruguay es el séptimo productor mundial de arroz, con una producción de alrededor de 1.300.000 toneladas, con rendimientos récord y respetando el medio ambiente.

Un problema que pocas veces afectó la cadena

Pocas veces en la historia del arroz en Uruguay se dificultó la fijación del precio entre productores e industriales.

Incluso, la referencia que viene a la mente es 1994, cuando las dificultades para llegar a un acuerdo estaban focalizadas en los precios de ruina —ese año formó parte de los años negros del arroz— y no tanto en el volumen vendido.

El precio de la bolsa de arroz (50 kilos) que venden los productores a los molinos es único y se fija en una mesa de negociación que es un sistema único y de referencia en el mundo. En 1948 se creó un tribunal arbitral para resolver disputas entre arroceros y molineros. En 1950 el precio del cereal comienza a fijarse por el Poder Ejecutivo que tiene en cuenta los costos de producción. Una década después, en 1960, el Estado deja de fijar el precio al productor, que pasa a definirse por acuerdo con los molinos.