Las relaciones laborales en Uruguay han dado un giro triste, que está perjudicando a la parte más débil: los trabajadores. La actitud irreflexiva, confrontativa y hasta patotera de varios sindicatos o sus integrantes -a todo nivel- está generando un clima en el cual los empleadores piensan tres veces y una más, antes de contratar a alguien. Lo que ha sucedido en Conaprole es grave y es solo un caso -muy significativo, por cierto- de un problema que se ha extendido en toda la economía, en las empresas y en el Estado.
Ing. Agr. Nicolás Lussich.
Más allá de los problemas de la situación económica, este ambiente laboral está afectando los niveles de empleo, y con ello a los trabajadores. El riesgo de conflicto se incorpora en las decisiones empresariales y -consciente o inconscientemente- los empresarios dejan de lado la posibilidad de aumentar plantillas o generar nuevos puestos de trabajo con nuevas inversiones.
En parte, el problema puede explicarse por la evolución de la economía en general, y del trabajo en particular, en los últimos años. De una crisis profunda y grave, Uruguay logró salir con inusitada rapidez, con una combinación de responsabilidad y renovación política, y un cambio vigoroso y alcista en la demanda externa por los productos de exportación. Fueron 10 años (2006-2014) que difícilmente se repetirán. Los salarios reales se recuperaron y -luego- siguieron subiendo. Hoy, en promedio, están 25% arriba de sus niveles pre-crisis, en términos reales.
En el trabajo, ese cambio se profundizó con la llegada del Frente Amplio al gobierno, que tuvo en la política laboral uno de sus principales énfasis. Después de años con restricciones económicas y una actividad sindical acotada (en muchos ámbitos no era fácil hacer sindicalismo), llegó la ‘nueva era’: garantías a la sindicalización, reinstalación de los Consejos de Salarios, aumento permanente de las retribuciones (en especial las más bajas) y una acumulación de legislación tendiente a reforzar los derechos de los trabajadores y -con ello- el poder de los sindicatos.
Dado el empuje económico en el período, la rentabilidad y dinámica empresarial se dio por garantida y cualquier reivindicación laboral lucía sensata. Y el gobierno tendió a interpretar que los avances fueron su puro mérito, y que -de no haber estado el FA- no habrían sucedido. Pero la rentabilidad nunca está garantizada y los avances se lograron, principalmente, porque hubo empresas pujantes que invirtieron y se expandieron, generando empleo y mejorando salarios. El gobierno aportó, desde su visión, pero no fue el único factor. Sin embargo, parece que eso no se quiere asumir.
Para el gobierno frenteamplista -estrechamente vinculado al PIT-CNT, desde donde surgieron varios de sus principales referentes- mantener el equilibrio en las relaciones laborales pasó, habitualmente, por avanzar contra la posición empresarial. Las excepciones confirman la regla. Podría decirse que era lo esperado de un gobierno de izquierda: que ‘empujara la balanza’ hacia el lado de los trabajadores. Es posible, pero resultó una visión cortoplacista, porque una relación laboral de calidad no solo tiene que ser equilibrada sino generar confianza entre las partes para avanzar. Eso no se ha logrado: por el contrario, la desconfianza es cada vez mayor y ahora no se trata de si la balanza está inclinada y para qué lado, sino que está por caerse con ambos platos al suelo, llevando a todos al piso: empresarios, trabajadores y gobierno.
En los agronegocios, las relaciones laborales tienen particularidades, como las tienen otros rubros. En general, son actividades estacionales, donde se trabaja más en algunas épocas del año que en otras. Algunos países han logrado que todas las partes incorporen esto como un dato de la realidad en las relaciones laborales; en Uruguay, cuando llega la zafra llega el conflicto, y pierden todos.
Además, son actividades expuestas a fuertes vaivenes de mercado, lo que implica afrontar costos fijos (entre ellos los laborales) con ingresos extremadamente variables. Sería tonto pretender que los salarios evolucionen al compás de Chicago o los remates de Fonterra: los trabajadores necesitan ingresos estables, mes a mes, y si pueden ir mejorando (con inversión y productividad) mejor. Pero desconocer las incertidumbres y caídas de los mercados que se han dado en estos años, solo puede caberle a un sindicato inmaduro e irreflexivo. Lejos de criterios básicos de sostenibilidad laboral que los históricos líderes sindicales siempre tuvieron claros.
Los gráficos que acompañan esta nota ilustran esto con claridad. Corresponden al sector lechero, pero bien pueden aplicarse a otros agronegocios: muestran que el salario crece mucho más que el precio que reciben los productores por su producción, de tal manera que a cada sector productivo le cuesta cada vez más mantener los empleos en la cadena de producción. En el sector lácteo, en los últimos 8 años el precio al productor -con fluctuaciones intermedias- no se movió, mientras el salario del trabajador industrial subió 50% medido en litros de leche. Los sindicatos parecen ignorar esto, o no lo quieren ver.
Aun así, las empresas plantean -en general- mantener el ingreso real de los trabajadores, aún a costa de comprometer seriamente la rentabilidad y -por tanto- su futuro. Pero esto no parece ser suficiente para el sindicalismo radical, que busca más confrontaciones y llega a apañar a individuos que roban, insultan o sabotean. Ante este escenario, el Ministerio de Trabajo actúa en forma equivocada: al pretender dar garantías a los trabajadores, avala los excesos sindicales. Así, con el empleo comprometido, es difícil aspirar a una sociedad integrada. El trabajo y la empresa van juntos, sino, se pierden valores culturales y sociales. Y se pierde empleo, justo lo contrario de lo que quiere el gobierno.
En el Consejo de Salario de la industria láctea el Ministerio de Trabajo ha planteado una opción para acordar una paz laboral perdurable. Esperemos que tenga éxito y sea el comienzo de un camino más virtuoso en las relaciones laborales.