Casos como los de Ancap y Alur “merecen una gestión más profesional y no tan política”.
Cámaras Empresariales. Foto: www.ciu.com.uy
En el día de ayer la Confederación de las Cámaras Empresariales (CCE) envió una carta al presidente Tabaré Vázquez en la que se reclama la toma de medidas que busquen reducir el gasto público y así abatir el déficit fiscal.
El vocero de la CCE y presidente de la Cámara de Turismo, Juan Martínez, dijo a Rurales El País que el sector empresarial debe presentar su posición pensando en lo que es la competitividad de la producción que es lo más preocupante en este momento. “Hemos presentado una nota con toda la disposición de diálogo e intercambio de opiniones”, dijo Martínez.
Recordó que quien genera la producción nacional, la inversión y la mano de obra es el empresario privado, entonces, “si nos va mal, todos esos puntos van a caer y el país no va crecer ni social ni económicamente”. Señaló que el empresariado necesita tener una regla fiscal que sea clara y estable en el tiempo “para saber cómo actuar ante cada situación”.
Afirmó que Uruguay está complicado a nivel de competitividad con políticas económicas basadas en la apreciación del tipo de cambio o en el manejo de las tarifas públicas. Expresó que esos temas “nos pegan por ambos lados”, ya que la baja del tipo de cambio hace perder competitividad internacional y el aumento de costos, vía tarifas, hace perder rentabilidad interna.
Aseguró que el sector empresarial es el que genera el producto nacional y desde su punto de vista, es un tema que no puede quedar atrás porque no sólo implica un pérdida de rentabilidad empresarial sino que también causa una caída en la inversión y en toda la producción nacional “que sin dudas es lo que marca el crecimiento económico del país”, indicó.
Desde la CCE entienden que se debe generar “nuestra propia competitividad sin esperar lo que pase con los vecinos”. Martínez señaló que preocupan los niveles de déficit que se está teniendo e insistió en que la producción nacional tiene que estar por encima de esto.
Asimismo mencionó que a veces se “tapan problemas”, como por ejemplo del BPS, “por tener una estructura de seguridad social que no es por sí misma sostenible”. Según Martínez, se debe analizar esa estructura así como revisar “subsidios sin contraprestación”. También es necesario estudiar “el tema del Fonasa y el de los empleados públicos; hay que hacer un freno de mano: analizar y estructurar a las empresas públicas”.
En este sentido, comentó que casos como los de Ancap y Alur “merecen una gestión más profesional y no tan política”.