“La normativa en defensa de la competencia tiene bastante tiempo; la primera ley orgánica es de 2007, y al día de hoy requiere otorgar o no la autorización para una concentración económica: pudiendo de este modo aceptarla, denegarla o hacerla con algunos condicionamientos”, expresó en Valor Agregado en radio Carve el Dr. Héctor Ferreira del estudio Hughes & Hughes.
Esta comisión no participa en cualquier caso, sino que se dispara su intervención cuando en los agentes involucrados se registra una facturación en los últimos tres ejercicios que supere los 70 millones de dólares, o dicho de otra forma los 600 millones de unidades indexadas. En el caso de Minerva la facturación es mayor, pero solamente BPU factura por 200 millones de dólares.
Al superar este umbral la operación de concentración queda dentro de la competencia de la comisión y es necesario presentar una solicitud con anterioridad para que se produzca este cambio control. De concretarse esta venta, Minerva pasaría a operar cuatro frigoríficos: Carrasco, PUL, Canelones y BPU, totalizando un 25% de la faena.
“El análisis que se realiza es sobre si la concentración económica puede traer ganancia de eficiencia pensando que la normativa, al final del día, busca proteger a los consumidores presentes y futuros. Se busca definir si un acto de concentración así puede dejar a un grupo de agentes en una posición de regular un mercado o perjudicar a los consumidores”, amplió Ferreira.
Marfrig actualmente tiene un 26% de la participación de la faena y Minerva llegaría al 25%. Ambas firmas, de capitales brasileños, concentrarían un 51% del total. “La mayoría de estas concentraciones se dan con agentes extranjeros, pero no incide particular análisis por la nacionalidad. Lo que sí se analiza es si ese agente extranjero ya tenía operaciones anteriores, y el análisis es meramente sobre distorsiones de mercado”, amplió el especialista.
Finalmente, Ferreira expresó que estas solicitudes a nivel local en general “se aprueban, aunque puede haber algún condicionamiento”.