El 2020 es un año de serias dificultades, por cómo venía la economía y por el efecto agregado y grave de la pandemia del Coronavirus. Aún en este escenario complicado, Uruguay tiene algunos factores a favor: financiamiento accesible y la mayor inversión directa de su historia.
Ing. Agr. MBA, Nicolás Lussich.
La economía uruguaya busca retomar actividad, con el gobierno siguiendo una estrategia de avanzar a pasos cortos pero seguros en la rehabilitación de sectores, como ha hecho con la construcción y el comercio, y hará en pocos días con la educación.
Las posibilidades de una recuperación rápida y firme dependen no sólo de lo que haga el propio Uruguay, sino también del contexto externo, que aún se presenta difícil y con múltiples incertidumbres. En el caso de China -primer destino de las exportaciones, en particular de los agronegocios- las noticias son mixtas: la producción industrial subió 4% interanual en abril pero el consumo minorista cayó 7,5%; lo primero es buena noticia, pero aún le falta recorrido para afirmarse como tendencia contundente: es posible que sea una respuesta de corto plazo a pedidos que estaban retrasados por la pandemia, y un tropezón puede estar a la vuelta de la esquina; la caída en el consumo -por su parte- está ilustrando que los chinos -como seguramente se verá luego en el resto del mundo- demoran en retomar los niveles previos a la pandemia.
China produce más y -por ahora- consume menos, por lo que cabe preguntarse quién producirá menos para consumir más; no parece hoy algo atractivo para el resto del mundo, qué más bien están exhibiendo tendencias proteccionistas, para priorizar el trabajo local.
Estados Unidos y Europa están severamente golpeados por la pandemia, con un escenario peor al que se preveía inicialmente, que ha empujado a tomar medidas que flexibilizan el confinamiento. Es un arma de doble filo: en aras de retomar el crecimiento económico más rápidamente, se corre el riesgo de retrocesos, tal como ha sucedido en Chile.
En la región el escenario empeora: Argentina -que ya venía en un declive ostensible por los problemas de su propia economía y el endeudamiento- enfrenta una expansión de la pandemia. Pero la crisis económica es tan aguda que el gobierno de Alberto Fernández ha ido flexibilizado la cuarentena obligatoria que se impuso en las primeras semanas de la emergencia sanitaria; lamentablemente aumentan los casos de contagio y fallecidos, y se estima que el pico de avance será en junio.
En Brasil el escenario es aún peor desde el punto de vista sanitario, con la renuncia del segundo ministro de salud pública en pocas semanas, mientras los contagios y los fallecidos por el Covid-19 siguen aumentando. Mientras, la economía sufre el impacto simultáneo de la crisis sanitaria y la incertidumbre política. Uruguay no tiene vecinos con los que contar para una rápida salida.
Y como hemos avanzado poco en acuerdos comerciales en los últimos años, el panorama tampoco será fácil fuera de la región; seguimos vendiendo productos con muchas restricciones (aranceles, cuotas, limitaciones para-arancelarias); todo indica que China seguirá siendo clave. Concretar el acuerdo con Europa sería la mejor noticia, pero el virus se coló en la agenda y complica todo.
La falta de acuerdos comerciales no es el único lastre que tiene la economía: como lo hemos comentado, Uruguay dejó de crecer antes de la llegada del Coronavirus, y el Estado agravó su desbalance fiscal, llegando a un 5% de déficit al comenzar 2020, con el consecuente aumento del endeudamiento.
Como además Uruguay tiene la mitad de su deuda en dólares, la devaluación de la moneda -inevitable para mejorar la castigada competitividad - genera un aumento automático y fuerte en la relación Deuda/PBI. La crisis por el Coronavirus agrava estas tendencias: la calificadora Fitch proyecta una caída del PBI de 3,3% este año, un déficit de 7% y una relación Deuda/PBI por encima del 70% (gráfica).
La oposición política -anterior gobierno- plantea que el gobierno actual ha tomado decisiones en el buen sentido, pero señala que se requiere más gasto; los jerarcas del gobierno responden que eso sería posible si el anterior gobierno - actual oposición- hubiera dejado las cuentas en mejor estado. En efecto, gastar en exceso podría llevar al país a un estancamiento más permanente, si la deuda se hace insostenible; y ya estamos jugando al límite. En realidad, seguramente el gobierno terminará gastando más de lo que ha planteado inicialmente: está es buscando el mejor equilibrio entre responder a los serios problemas sociales hoy, sin comprometer el futuro. Así como en el plano sanitario, en las finanzas públicas la estrategia también es paso a paso.
Aún con estas dificultades, Uruguay tiene a favor dos factores relevantes en las actuales circunstancias: el financiamiento de los organismos multilaterales y el proyecto de UPM.
¿Qué hay de nuevo? A las pocas semanas de la llegada de la pandemia al Uruguay, el gobierno pudo recurrir a millonarios préstamos de organismos multilaterales para cubrir sus crecientes gastos. Se trata de los denominados Préstamos Contingentes, que las pasadas administraciones contrataron con el BID, CAF y otros organismos multilaterales. Es un financiamiento clave en las actuales circunstancias y tienen varias ventajas: rápido acceso, bajo costo (la tasa de interés es 2,1% en el caso del BID), plazos largos y sin condicionamientos. Para tener derecho a estos préstamos el Uruguay pagó regularmente una alícuota, que funcionaba como un seguro: en caso de necesidad los préstamos estaban inmediatamente disponibles y así ocurrió cuando sobrevino la pandemia. Por supuesto, se trata de préstamos que hay que repagar y suman al endeudamiento general; pero ayudan y mucho a cubrir los gastos extraordinarios que impone la emergencia sanitaria, y dan más capacidad de maniobra para elegir tiempo y monto de las emisiones de deuda soberana, que inevitablemente habrá que hacer en estos meses.
El otro elemento que claramente juega a favor de Uruguay en estas circunstancias es el proyecto de UPM. Esta semana el gobierno actual firmó un memorando con la empresa a través del cual se “cierran temas pendientes”, según dice el comunicado de UPM. Señala
Que ambas partes están ejecutando el acuerdo del 2017 y agrega que la empresa “acelerará el financiamiento -previamente planificado- para infraestructura vial en el litoral y centro, por US$ 60 millones”.
Además, UPM anuncia una inversión de US$ 68 millones en el refuerzo de la red eléctrica, lo que viabiliza la venta de su energía y cierra el anillo de alta tensión por el norte, con el consecuente beneficio para todo el sistema eléctrico.
UPM anunció además la inversión de unos US$ 25 millones en un nuevo vivero en la zona (sería en Sarandí del Yí), para suministrar plantines a sus plantaciones; generará 120 nuevos empleos permanentes. Además, anunció un acuerdo a largo plazo con la química Kemira -que produce los insumos químicos para la fabricación de celulosa en la Zona Franca de Fray Bentos-, que ampliará su capacidad de producción para abastecer la nueva planta (una inversión de US$ 30 millones). Estas inversiones -claro está- no son un acto de beneficencia para el Uruguay: UPM necesita más plantines y más químicos para el nuevo proceso productivo; sí es buena noticia que se confirmen. La planta de Kemira abastece hoy no sólo a la actual planta de UPM, sino también a Montes del Plata y a industrias en Argentina, que han decidido incorporar el mismo proceso ECF que utilizan las plantas en Uruguay.
El proyecto de UPM ha sido polémico y el actual gobierno - cuando era oposición- no ahorró críticas al anterior por lo que consideraba una mala negociación con la empresa. Con el acuerdo de esta semana el gobierno actual exhibe mejoras respecto al escenario anterior, aunque las bases fundamentales ya estaban firmadas. El Frente Amplio reivindica lo hecho en 2017 y UPM aclaró que “el marco total de la inversión permanece incambiado, en el contexto de los US$ 3.000 millones, tal como se había comunicado”. Es un mensaje de tranquilidad para los accionistas (UPM es una empresa de capital abierto y tiene que rendir cuentas). Pero entonces, si la inversión total no cambia: ¿Cuál es el ahorro para Uruguay? Mi información es que la inversión eléctrica es de US$ 78 millones totales, de los cuales UPM cubría el 10; en el nuevo acuerdo cubre todo. Respecto a los US$ 60 millones de infraestructura, era un compromiso no cerrado, a pagar en 10 años; ahora será en 3 años y permitirá cubrir el puente sobre el Río Negro en Centenario y el by pass en la ruta, entre otras ventajas. El gobierno también anunció un ahorro de US$ 7 millones anuales en la compra de energía a UPM, aunque la empresa no habla de esto en su comunicado.
Más allá de la discusión, hay un hecho insoslayable: mientras en el mundo los gobiernos - incluido el nuestro- tienen que salir a apoyar a sus empresas, en algunos casos con inyección directa de capital, Uruguay ingresa la mayor inversión directa de su historia en plena crisis. Hoy están trabajando en las obras de UPM más de 1000 personas, y se estima que serán 3000 a fin de año. Hay 60 empresas contratadas directamente y otras 120 subcontratadas, que pasarán a ser 80 y 200, respectivamente, hacia fin de año.
Son noticias positivas, aunque emerge una contradicción: mientras las grandes empresas con fuertes inversiones de capital -como las plantas de celulosa y otras-, han aprovechado concesiones fiscales que el país dispuso justamente para atraerlas, las Industrias y emprendimientos que trabajan en el territorio corriente o que no tienen un fácil acceso a esos beneficios, se las ven en figurillas para cubrir costos, mantener los empleos y crecer.
El último informe de la cámara de industrias es elocuente: las exportaciones de manufacturas cayeron 40% en abril de este año respecto al mismo mes del año pasado. Con mercados acotados, problemas de competitividad y regímenes de promoción que no siempre calzan los puntos, Uruguay sigue perdiendo empleo industrial; lo que ha sucedido con las curtiembres y las textiles es un claro ejemplo. Más que pensar en protecciones o subsidios que se han comprobado ineficaces e injustos, la apertura de mercados y tarifas más competitivas son esenciales.