Opinión

Cursos y concursos

Ante su difícil situación financiera, la empresa láctea Pili (Paysandú), se presentó a concurso de acreedores en la Justicia, para buscar un acuerdo que permita seguir funcionando. Es la condición necesaria para tomar medidas adicionales tendientes a posibilitar una solución.

 

Ing. Agr. Nicolás Lussich.

Así, la empresa hace uso del procedimiento para solucionar crisis empresariales, vigente hace ya 10 años, desde que el primer gobierno de Vázquez (con Astori en el MEF) impulsó en 2008 una reforma a las leyes de concordatos, que hasta ese momento operaban mal y tarde. El actual marco legal basado en la ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial (nro. 18.387), plantea un procedimiento unificado de concurso con el objetivo de salvar, si es posible, a la empresa en conjunto, cuanto todavía está operativa. Más allá de posibles mejoras, el nuevo sistema viene funcionando bien: según datos de la Liga de Defensa Comercial, casi 25% de los concursos voluntarios presentados acuerdan con los acreedores. Y de ellos, más del 70% estaban cumpliendo o en condiciones de cumplir. Son cifras notoriamente mejores que en el régimen anterior, cuando solo el 10% de los deudores conseguían acordar y muy pocos cumplían finalmente.

Que una empresa entre en problemas no es buena noticia, pero es parte natural del funcionamiento de una economía de mercado. Lo importante es que las crisis empresariales se resuelvan reconociendo las pérdidas, abarcando a la mayor parte posible de los afectados, dando garantías a todas las partes (acreedores, trabajadores, empresarios) y -si es posible- viabilizando una salida que puede llevar la firma a una nueva etapa, incluso incorporando nuevas inversiones. Si no es así, se liquidará porque no es viable. Si es el caso, cuanto antes mejor, pues alargar la agonía solo trae más pérdidas.
Pili tiene una deuda de más de U$S 50 millones (42 de ellos de un préstamo con el BROU), con garantías que cubren menos del 30% de ese monto y con una base de productores remitentes en retirada. Por eso, ya antes de la presentación a concurso, el gobierno había anunciado que enviaría un proyecto de ley al Parlamento para establecer un fondo de unos U$S 1,5 millones para los productores y trabajadores, como forma de sostener la actividad. Es una iniciativa bien intencionada, aunque resulta difícil pensar que no haya una vía más práctica de garantizar (a través de un fideicomiso, por ejemplo) la leche que se remita en esta nueva etapa, para darle cierta chance a una salida vía concurso. De todos modos, solo con eso no alcanza: se requiere más leche; y se ha planteado que Conaprole aporte un volumen importante (100.000 litros diarios), pero eso no sucederá a menos que la cooperativa resuelva su conflicto con los trabajadores. De que el sindicato de Conaprole actúe con sensatez depende la posibilidad de que se sostengan 700 puestos de trabajo en Paysandú.

Pili está en problemas -principalmente- porque hizo una inversión que no resultó. Luego de invertir en su planta de sueros (recurriendo a los beneficios de la Comap), obtuvo el mencionado préstamo del BROU para una nueva planta quesera en 2013. Eran tiempos en que el mercado venezolano estaba en expansión (ver gráfica) y se propuso aprovecharlo. Pero las proyecciones no se concretaron: Venezuela entró en crisis y la empresa en serios problemas. Hubo cierta responsabilidad de los gobiernos: Mujica planteaba a Venezuela como una oportunidad para expandir las ventas, usando los beneficios arancelarios que daban ventaja a Uruguay ante otros competidores. Con el retorno de Vázquez a la Presidencia se firmó un nuevo acuerdo con los caribeños, y hubo cierta presión para participar; pero ya estaban en bajada y el asunto se complicó: Venezuela empezó a tener problemas y quedó debiendo millones de dólares a las industrias lácteas uruguayas (aún le debe más de U$S 30 millones a Conaprole). Las empresas más grandes o menos expuestas financieramente lograron sortear el problema, aunque con costos. Para Pili, está resultando muy difícil.

Pero también hay un problema de fondo: la competitividad del país va por mal curso, tanto en lo que refiere a la competitividad-precio (tipo de cambio) como en asuntos más sistémicos (infraestructura, educación, etc.). Estamos lejos de un escenario como el de fines de los 90: Uruguay ha mejorado, tiene más capacidades y una posición financiera más fuerte, con menos riesgos. Pero jugamos con fuego: el déficit fiscal no baja y la deuda se acumula; además, genera inflación y -para bajarla- el BCU termina impactando en el dólar, que -reconocido por el propio Banco Central- está atrasado. Hay algo que sí se parece a los ’90: cada vez que los empresarios o analistas críticos plantean que hay un problema cambiario, desde enfoques afines al gobierno se responde que “la competitividad es un concepto más amplio”. Pero una cosa no quita la otra (una falsa oposición diría Vaz Ferreira). Eso sí: de ignorarse los problemas de competitividad cambiaria (en especial ahora que la región ha devaluado sus monedas), se arriesga no tener escenario para considerar los temas más amplios de la competitividad. Entre ellos abrir más mercados y hacer acuerdos que bajen aranceles para la producción uruguaya.

Una mejora en la competitividad bien le vendría a Pili y a muchas otras empresas que están con los números chicos o en rojo. En los primeros 7 meses del año se habían presentado algo más de 50 empresas a concurso. Es un número relevante, aunque menor que el registrado el año pasado en el mismo período. Pero en estos días se han acumulado varias más: Megal, Baselto y el de avícola Tenent (que fue rechazado en primera instancia). El escenario no está fácil, en especial tratándose de una empresa láctea que requiere -antes que nada- recomponer su base de remitentes de leche. Ojalá que Pili pueda sortear el trance por el bien de los productores y trabajadores de Paysandú.

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