El precio del gasoil se mantuvo, más por condicionamientos políticos que por la capacidad de ANCAP de mantenerlo. La señal es positiva para la producción. Lo que corresponde ahora es avanzar en eficiencia y productividad para dar fundamentos reales a una baja del precio perdurable.
Por Nicolás Lussich | Ing. Agr. MBA
El Poder Ejecutivo definió los ajustes de las principales tarifas de servicios públicos, que en todos los casos suben lo mismo o menos que la inflación esperada para este año (6,9%). Los ajustes de tarifas son una pieza clave de la conducción de la economía en Uruguay, por su incidencia en la inflación, la sensibilidad que despiertan en lo social y lo político, y por el rol de las empresas estatales, siempre intensamente discutido.
Uno de los principales datos es el mantenimiento del precio del gasoil en 40,4 $/l. El directorio de ANCAP había estimado que –manteniendo el esquema de aumentos anuales- el ajuste debía ser del 11%. Se planteó al Ejecutivo una opción más moderada y transitoria, con aumentos de 6 y 9% para gasoil y nafta respectivamente. Pero finalmente primó la decisión política del Presidente de la República para mantener la tarifa sin cambios en el caso del gasoil, principal combustible para la producción, tanto en campos y chacras, como en el transporte de mercaderías y la distribución de insumos y productos. La nafta sube 6,2%. Es que el actual Presidente y la Coalición Multicolor que lo acompaña en el gobierno, tuvo como uno de los puntos clave de su campaña electoral el compromiso de bajar las tarifas públicas, reduciendo su rol recaudador. Un aumento habría sido difícil de digerir.
En cualquier caso, la decisión no ha sido sencilla. Asumido el gobierno, aquel compromiso encontró un primer escollo: el gobierno saliente del Frente Amplio postergó los ajustes que -claramente- debió hacer en el pasado mes de enero, posterior a las elecciones. La decisión tuvo poco fundamento de costos y bastante de retruque político: luego de sufrir el azote permanente de la otrora oposición, que juzgaba cada ajuste como un tarifazo (en algunos casos con argumentos, en otros no tanto), decidió entonces dejarle al gobierno entrante la tarea -poco grata- de ajustar las tarifas.
En marzo, además, subió fuerte el dólar, otro factor que presionó los costos de las empresas estatales, en especial UTE y ANCAP. Así, el gobierno ajustó varias tarifas, pero no los combustibles; el compromiso previo con el “Uruguay productivo” era fuerte.
Ya con la pandemia en plena expansión en el mundo y llegando a Uruguay, surgió un nuevo episodio: la demanda global por petróleo se derrumbó y con ello el precio del crudo, que llegó a tener un valor negativo por unos días (te pagaban si te lo llevabas). Teóricamente, era una buena noticia para el Uruguay, neto importador de crudo. Pero ANCAP había definido una política de compras previas, con contratos de futuro, que le impidió beneficiarse de ese descenso. Estimamos (en base a datos publicados por la propia ANCAP) que la empresa de los combustibles pagó U$S 58 millones más de lo que hubiera pagado si hubiera comprado al precio internacional vigente a la descarga.
Hay que recordar también que el Partido Nacional impulsaba la desmonopolización de los combustibles, que se incluyó en el proyecto de Ley de Urgente Consideración. Sin embargo, la propuesta quedó truncada y el monopolio de ANCAP se mantuvo, con el compromiso político de avanzar a precios de paridad de importación. El hecho refleja la persistente tensión que existe en Uruguay entre un enfoque aperturista, que apuesta al despliegue libre de iniciativas de producción, y una visión más desarrollista- proteccionista-estatista, que tiende a preservar las empresas estatales como herramientas para eso. Más allá de argumentos en ambos enfoques, parece claro que en la segunda visión el agro queda en segundo plano, pagando sobrecostos que podrían evitarse con la libre importación. Si ésta se concretara, cambiarían las condiciones para ANCAP, que debería maximizar su productividad y eficiencia. Pero el escenario es otro.
Así, el gobierno se propone mejorar el desempeño de ANCAP en un proceso paulatino. Esto se va logrando, pero lentamente: persisten ineficiencias y sobrecostos como a nivel de biocombustibles (que ya analizamos en estas páginas) y el rubro Portland. Asimismo, la empresa mantiene un pasivo importante en dólares que la expuso -a principios de este año- al aumento de la moneda americana, lo que también generó un costo agregado.
Si esos costos no bajan, es difícil bajar las tarifas de manera sostenible. En un marco de competencia abierta, el proceso sería -seguramente- más rápido y efectivo, con beneficio para el consumidor final; así sucedió en la telefonía móvil, en el puerto y en los seguros. Pero no llegamos a tanto con ANCAP, porque la coalición de gobierno no se puso de acuerdo; de manera que el proceso se hace más lento y discutido. La puja sigue.
Este año se plantea cambiar el método de ajuste de precios, para tender a reflejar la paridad de importación. Será un largo camino: según la URSEA, al mes de noviembre las paridades para nafta y gasoil eran de 43,9 y 26,2 $/l (en la planta y con impuestos incluidos). Los precios de ANCAP estaban 6% y 30% por encima, respectivamente (cuadro al pie). En cualquier caso, el proceso está en marcha: se decretó que el Poder Ejecutivo actualizará mes a mes los precios máximos al público.
Así las cosas, el mantenimiento del precio del gasoil (que implica una baja real de 9%, descontada la inflación) claramente es una disposición transitoria, que será difícil de mantener si suben el petróleo o el dólar. A no ser que se asuman más pérdidas.
Precio de los combustibles en la región
A la larga, lo determinante son los costos. Mientras, ANCAP afrontará meses difíciles: la pandemia ha provocado una caída del 18% en las ventas en los últimos meses y su efecto persistirá bien entrado 2021. Seguramente el gobierno deberá asistir al ente para desdolarizar su deuda, pero otras tareas se deberían sumar, entre ellas desatar el “nudo” que hay en Bella Unión con la carísima producción de etanol, en el cual una serie de compromisos políticos cruzados y urgencias sociales de corto plazo, hacen que persista un injusto subsidio implícito de toda la sociedad a una localidad. De los 58 $/l que vale la nafta, 10 $/l corresponden al etanol.
Mientras, a nivel de DUCSA (distribuidora de ANCAP) se propone una estrategia más activa de descuentos a sectores productivos, con rebajas de precio a cambio de compromisos de compras de volumen. No es algo nuevo: ya existe en la forestación (en contratos de venta a UPM, por ejemplo) y también para la agricultura del litoral. Ahora se lo proponen al sector arrocero y -como era esperable- otros rubros (como el lechero) pidieron también la posibilidad de descuentos. Se trata de descuentos que van por cuenta de los márgenes de distribución (no se afectaría el ingreso de ANCAP). Cualquier rebaja sirve, pues si bien el precio del gasoil no subió, aún sigue muy arriba del que tienen los países competidores.
Aclaración:
Corrección: en versión anterior de esta nota se mencionaba una diferencia entre el precio local y la paridad de importación errónea. Éstos son los datos a noviembre:
