Combustibles / tributos

Gremiales empresariales piden al gobierno que rebaje tarifas

Le enviaron una carta a Vázquez solicitando que la UTE baje 10% y combustibles 30%.

Oscar Vilas.

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), que nuclea a 24 gremiales de todas las ramas de actividad, solicitó al presidente Tabaré Vázquez —mediante una carta fechada el 29 de noviembre— una rebaja del 10% de las tarifas empresariales de electricidad y una reducción de los precios del gasoil y del fueloil del orden del 30% a partir del próximo mes de enero.

La misiva, a la que accedió El País, sostiene que la economía doméstica “viene mostrando un repunte de crecimiento desde mediados de 2016”, pero advierte que “esta recuperación es asimétrica entre sectores y presenta, al menos, dos fragilidades: la inversión y el empleo continúan en caída”.

Para la entidad presidida por Diego Balestra, ambos fenómenos “se explican en parte por los problemas de competitividad que muestra la producción nacional, sobre todo los sectores exportadores”.

A juicio de los empresarios ello se debe al descenso de los precios internacionales de los productos que exporta Uruguay, y al aumento de los costos locales debido a la apreciación del peso y a la suba de los precios de insumos claves “como los energéticos que se ubican por encima de los de los competidores”.

Por esa razón, la CCE entiende que retomar un crecimiento más balanceado requiere, entre otras cosas, que las “empresas accedan a precios competitivos de la energía eléctrica y de los combustibles”.

Tras resaltar el esfuerzo de las empresas para reducir sus costos, la carta de la CCE sostiene que “los combustibles y la energía eléctrica son dos componentes importantes de los costos, particularmente en algunas ramas de actividad” y resalta que “actualmente sus precios se ubican por encima de los que se registran en países competidores, en particular de la región, pero también de extrazona”.

 

Sobreprecios.

Las gremiales apuntan a fundamentar su pedido de rebaja de las tarifas empresariales en base al análisis de la evolución de los precios de combustibles y electricidad.

Sobre los primeros, particularmente el gasoil, sostienen que “la brecha entre el precio de importación y la paridad de importación que calcula la Unidad Reguladora de Servicios y Agua (Ursea) ronda el 30%, lo que genera un sobrecosto de US$ 400 millones” y agrega que en el caso del fueloil la brecha “es cercana al 35%”.

Respecto de la electricidad, el análisis de la CCE asegura que el sobrecosto de las tarifas empresariales “es del entorno de 15% al 30%, según el proveedor regional que se compare”.

Para demostrar el peso que tienen los precios de los insumos energéticos sobre algunas ramas de actividad, la carta de los empresarios indica que en base a estimaciones de consumo de gasoil por actividades productivas, se advierte que “las cadenas agroindustriales soportan un sobrecosto por desvío de la paridad de importación de unos US$ 150 millones por año”.

A nivel de la industria, los empresarios aseguran que la energía eléctrica “representa en promedio el 2% de los costos de producción, cifra que trepa a ratios del 15% al 35% en ramas tales como químicos, caucho, papel, plástico, siderurgia y algunos alimentos, entre otras”. Mientras, el peso del gasto en combustibles representa el 1,3% de los costos de producción industriales equivalentes a unos US$ 300 millones, sostiene la CCE.

Pero los empresarios no solo reclaman las rebajas tarifarias antes mencionadas, sino que también opinan que “los mercados energéticos de nuestro país y las empresas públicas que los proveen necesitan reformas para que los precios resulten competitivos y para que evolucionen alineados a los costos, desacoplados de las necesidades fiscales”.

Justamente las necesidades fiscales son el cuello de botella de la política en materia de tarifas públicas que ha llevado adelante el segundo mandato de Tabaré Vázquez, quien heredó un abultado déficit fiscal que se acercaba al 4%.

En ese escenario el gobierno se comprometió a bajar el rojo de las cuentas públicas al 2,5% del PIB para el final de su mandato, tarea que no le será fácil a estar por la evolución de ese indicador en los últimos meses.

Según el último dato conocido oficialmente, en los doce meses cerrados a octubre pasado el desbalance fiscal llegaba al 3,5% del PIB.

Ante esa realidad el Ministerio de Economía se opuso a la propuesta de la UTE de rebajar 5% las tarifas de la empresa a partir de enero, proponiendo —por el contrario— un aumento del 7%, según informó días atrás el semanario Búsqueda.

Un aumento de los precios de UTE de esa magnitud generaría ingresos adicionales de unos US$ 40 millones.

En cuanto al precio de los combustibles, el propio presidente Tabaré Vázquez admitió la semana pasada que se analiza un ajuste. Consultado por la prensa acerca de las tarifas de Ancap el presidente informó que en la última quincena de diciembre se resolverá el tema: “Estamos viendo algunos parámetros que están en juego, por ejemplo, el aumento del barril de petróleo, que está por encima de lo fijado en la paramétrica”, explicó al participar del último Consejo de Ministros abierto en la localidad de Pirarajá, en Lavalleja.

Según estimaciones privadas, de acuerdo a la evolución del precio del petróleo y del dólar respecto de la fijación de la última paramétrica de Ancap, los precios de los combustibles deberían aumentar un 10% a partir del mes que viene.

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