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Proyecto de ley de riego sigue generando discusión

Promueve pago de un canon por el uso de agua para riego.

Riego. La agricultura local todavía utiliza poco esta herramienta.

El proyecto de ley de Riego que fue votado en la Cámara de Senadores el 5 de julio -propone modificaciones a la ley Nº 16.858 del 3 de setiembre de 1997- sigue generando discusiones y preocupaciones a nivel agropecuario, fundamentalmente por inclusión de un canon por el uso de agua.El proyecto, impulsado por el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, apunta a estimular o favorecer la inversión en riego, fomentando la creación de sistemas a través de sociedades de productores rurales así como el desarrollo de sistemas multiprediales que permitan la inclusión de productores que, con el régimen actual, tal vez, no tendrían en forma individual acceso al riego.

Cambios.

Victoria Garabato, abogada del estudio Posadas, Posadas & Vecino, dijo a El País que los principales cambios que impulsa el documento “es la incorporación de la figura de las Asociaciones Agrarias de Riego como nuevo instrumento asociativo”.
En segundo lugar, y “a diferencia del régimen actual que prohibe el corte de agua como sanción, el proyecto habilita a las Asociaciones y Sociedades Agrarias de Riego a suspender el servicio de riego para la zafra siguiente en caso de incumplimiento por parte del productor”. Asimismo, según señaló la abogada, el proyecto “prevé otras modificaciones de relevancia como son: la generación de un gravamen sobre los padrones que contraten el servicio de riego; la obligación de las Sociedades y Asociaciones de Riego a pagar un canon una vez que el Poder Ejecutivo lo reglamente; la ampliación del ámbito de aplicación a contratos de participación público privada a obras hidráulicas para riego; la posibilidad de que los beneficios fiscales previstos por la ley 16.906 sean trasladados a los miembros y socios y la posibilidad de utilizar causes naturales para la conducción de aguas”.

Canon.

Respecto al pago del canon por el uso del agua, Garabato recordó que el código de aguas de Uruguay “ya prevé la posibilidad del cobro de un canon por el aprovechamiento de aguas públicas para riego. Por lo tanto, en este punto la ley únicamente estaría reiterando un principio ya existente”.
No obstante ello, “debe tenerse presente que en nuestro país dicho canon nunca ha sido definido y por lo tanto nunca se ha exigido su pago”.
Consultada acerca de si cualquier persona, tanto física como jurídica, puede asociarse para acceder a derechos de uso de agua, la abogada del estudio Posadas, Posadas & Vecino dijo que “el proyecto de ley inicialmente remitido por el Poder Ejecutivo eliminaba el requisito de ser productor rural para integrar una Sociedad Agraria de Riego, siendo este tal vez uno de los puntos más controvertidos y que fue sustituido en la redacción aprobada por el Senado”.
La profesional aseguró también que, adicionalmente y respecto a la integración de las personas jurídicas, el proyecto “establece que deberán tener acciones nominativas a nombre de personas físicas”.
“No obstante ello, se faculta al Poder Ejecutivo a autorizar la participación de entidades o fondos extranjeros, siempre y cuando esa participación sea minoritaria y no controlante y contribuya a la aplicación de tecnologías innovadoras”, añadió Garabato. Salvo en el arroz, Uruguay utiliza muy poco el riego en su sector agropecuario y especialmente en los granos.

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