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América Latina y el Caribe busca acabar con la tala ilegal de madera

FAO apoya a los países de la región a fortalecer su gobernanza forestal para luchar contra el comercio ilegal de madera y la deforestación.

Foto: www.elblogverde.com

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Santiago de Chile – FAO | Los países de América Latina y el Caribe están fortaleciendo su gobernanza forestal para responder a la tala ilegal de los bosques y a la preocupante tasa de deforestación de la región, la segunda más alta del mundo, señaló hoy la FAO.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a nivel global la tala y el comercio ilegal suponen un coste estimado para los gobiernos entre 10-15 000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales perdidos.

La tala ilegal despoja a los gobiernos y a las comunidades de los recursos de los que dependen, reduce la biodiversidad, acelera los efectos del cambio climático y produce conflictos por la tierra y otros recursos naturales.

“El comercio y corte ilegal no sólo socava los medios de vida de las personas y les priva de ingresos y alimentos, sino que es responsable de la degradación de grandes extensiones de bosques, contribuyendo al cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, explicó Jorge Meza, Oficial Forestal de la FAO.

La tala ilegal contribuye a la deforestación regional, la cual se ha reducido a la mitad desde los niveles de 1990, pero continúa siendo preocupante: cada año se pierdan cerca de dos millones de hectáreas de bosques nativos en la región.

La tala ilegal también impide el desarrollo de las empresas que respetan la ley y genera corrupción en varios niveles en los países.

Para enfrentar estos problemas, los gobiernos, comunidades y empresas de la región están fomentando el manejo forestal sostenible y la buena gobernanza de los bosques.

“Algunos buenos ejemplos de gobernanza forestal en la región son el Pacto Intersectorial por la Madera en Colombia, las veedurías comunitarias en Perú, los sistemas de trazabilidad en Guatemala y Honduras y la alianza para frenar la tala ilegal entre los gobiernos y pueblos indígenas de Belice y Guatemala”, explicó Jorge Meza.

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