editorial

La bronca del campo

El solo anuncio de los productores de iniciar movilizaciones para reclamar lo que entienden les corresponde, provocó agresivas reacciones en este gobierno tan mansito cuando las reivindicaciones vienen desde otro lado.

Y saltó el fusible… La renuncia del ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre —ocho años al frente de la cartera— se veía venir y no de ahora, sino de bastante tiempo atrás. Aguerre, un fuerte empresario agropecuario, compartía los mismos y desesperantes problemas del sector, sabía que los reclamos no eran inventos políticos o impulsos desestabilizadores, pero se encontraba que en el partido de gobierno, el Frente Amplio, no tenía interlocutor ni persona que entendiera los urgentes problemas del campo. O si los entendían les importaba un rábano porque no los consideraban “compañeros”.

El presidente Vázquez nunca tuvo mayor preocupación por la situación del agro. Hombre de ciudad, amigo de la pesca y los paseos en barco, jamás sintonizó la frecuencia y menos mostró simpatía (o al menos responsabilidad) con el sector productivo que mantiene al Uruguay desde los principios de su historia. Y a esa cuota de desidia le ha agregado mucha soberbia: cuando en noviembre las gremiales ruralistas pidieron una entrevista para plantear al Presidente las urgencias del sector, no tuvo mejor idea que tirar el tema para delante, sin fijar fecha. Una actitud de prescindencia similar a la que tuvo en sus viajes a Europa (España, Italia, el Vaticano, Austria y Francia) y China por ejemplo, donde en la nutrida delegación que lo acompañó no hubo cabida para los representantes del campo, como si Uruguay se dedicara a vender al mundo espejitos y bolitas de colores, y no carne, soja y arroz.

Uruguay exporta alrededor de 8.500 millones de dólares por año: el 85% de ello corresponde a bienes agroindustriales. Cada dólar que se genera en el campo se multiplica por seis en la economía nacional. Los pueblos del interior, sus pequeñas empresas y comercios, florecen o cierran al compás de la suerte de este sector. Su actividad explica alrededor del 38% del PBI (mitad agro y mitad industria) y da ocupación a más de 200.000 personas: representa el 14% de la población activa y solo es superada por los funcionarios públicos (casi 300.000) que alcanzan el 20%. Pero los representantes de esta “realidad” no son recibidos por el Presidente de la República por un “tema de agenda”.

Vázquez, el Frente Amplio y el Pit-Cnt, son la máxima expresión de la vieja dicotomía de la ciudad vs. el campo. Montevideo (ahora frentista) vive a expensas del trabajo del interior del país. Allí se produce, se cosecha, se cría ganado, se tropea y se engorda para generar divisas al país, mientras que en la capital se engorda la burocracia y el clientelismo. Cada vez hay que atender más funcionarios públicos, la multiplicación como panes bíblicos de los cargos de confianza, gastos y más gastos excesivos (Ancap, Pluna, Fondes, etc.) y eso cuesta dinero. Que lo pague el campo. Allí no hay muchos “compañeros”.

Hoy el campo está endeudado en un 80% en la relación del debe y la producción bruta del agro. Hay sectores severamente afectados por la caída de los precios internacionales. La lechería vio desaparecer en los últimos años más de 500 tambos y la producción de leche cayó un 10%. La exportación disminuyó un 30%; el número de trabajadores en los tambos y en la industria, un 26%. Lo único que aumenta es la deuda del sector, llegando a US$ 400 millones, equivalente a todo el rodeo de vacas lecheras del país. Los márgenes brutos en la agricultura han caído en forma alarmante para todos los cultivos. Han caído los precios internacionales pero quedaron intactos los altos costos de producción, agravados por un formidable atraso cambiario que ya lleva 14 años y porque las tarifas públicas de los combustibles y energía eléctrica, básicos para las actividades productivas, son utilizados impiadosamente con fines recaudatorios. Los productores reciben menos dinero por sus ventas, pero pagan más. Eso genera bronca.

El solo anuncio de los productores de iniciar movilizaciones para reclamar lo que entienden les corresponde, provocó insólitas reacciones en este gobierno tan mansito cuando las reivindicaciones vienen desde otro lado. Acá se soporta que se declaren paros generales porque sí nomás, dejando de a pie a los trabajadores y sin clase a los niños. Pero no recordamos haber escuchado a ningún legislador frentista hablar de “desestabilización”, “amenazas inaceptables” o tonterías similares.

Si hay intención de solucionar un problema, lo primero que se hace es hablar, dialogar. Si no se tiene esa intención, el camino más usado por los intransigentes y los soberbios es buscar descalificar al que no piensa igual. Hay gente en el gobierno —o en sus cercanías— que es experta en eso.

Rurales EL PAIS