Caminería / Infraestructura

Apezteguia: “Nunca aceptamos la responsabilidad del estado de la caminería, le pertenece a las intendencias”

Para el director de Descentralización e Inversión Pública de OPP, “está faltando ponerle un alto grado de profesionalismo y planificación a las nuevas formas de atender la caminera de acuerdo a las prestaciones que exigen los productores”.  

Martín Olaverry, conductor Valor Agregado, y Pedro Apezteguia, director de Descentralización e Inversión Pública OPP.

Martín Olaverry, conductor Valor Agregado, y Pedro Apezteguia, director de Descentralización e Inversión Pública OPP.

“La caminería es, como dice la legislación, una responsabilidad de las intendencias departamentales, el gobierno nacional apoya”, aseguró Pedro Apezteguia. El director de Descentralización e Inversión Pública de OPP dijo a Portal Rurales – El País que es por esto que desde el gobierno “nunca aceptamos la responsabilidad del estado de la caminería; (…) también sabemos que las intendencias tienen sus restricciones como las tienen todos, pero cada cual atiende su juego”.

Apezteguia explicó que Uruguay cuenta con un aproximado de 40.000 kilómetros de caminería departamental, que también forma parte de la caminería rural, y cerca de 9.500 kilómetros de rutas nacionales con estándares diferentes.  Aseguró que en caminería rural hay unos 800 km. que “son fundamentales por su uso intenso (donde pasan más de 35 camiones diarios) y también 12.000 km. que no son tan intensos” pero son necesarios de atender “para que se pueda acceder a los servicios”.    

Contó que los gobiernos departamentales son quienes tienen el dominio de los caminos departamentales, por tanto, “el mantenimiento de la caminería es una responsabilidad de las intendencias, pero forma parte del interés nacional y existe un fuerte apoyo por parte del gobierno, que se desarrolla por intermedio de la dirección de descentralización, para lograr esas reformas”.

El director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP comentó que el gobierno destina 1.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares) anuales en transferencias a las intendencias contra la realización de trabajos. Detalló que la mitad de esos fondos se dirigen directamente a los gobiernos departamentales para tareas de mantenimiento y después comienzan a liberar más capital según proyectos concretados.  

“El gobierno pone el 70% y las intendencias un 30% de contrapartidas a los efectos de atender una parte de la caminería”, subrayó Apezteguia. Agregó que desde el Poder Ejecutivo “entendemos que la ejecución de las obras van más lento de lo que desearíamos. A esta altura del año el programa de caminería rural, que está dirigido a modificaciones geométricas y de estándares tiene una ejecución a los últimos días de septiembre del 30%, por lo que queda mucho por hacer”.

El jerarca dijo que en el país parecería que la caminería “colapsó, pero creo que ha cambiado la forma de circulación de la mercadería de cargas. El crecimiento explosivo de cargas generó flujos en zonas no explotadas por el país y ahí está el problema”, aceptó.

Aseguró que es importante pensar en modificar los métodos de ejecución de las reformas y ajustar prioridades. “La plata del gobierno central está y se manda, queda la contrapartida de la intendencia”. También “está faltando ponerle un alto grado de profesionalismo y planificación a las nuevas formas de atender la caminera de acuerdo a las prestaciones que exigen los productores”.

Por último remarcó: “el dinero está, el asunto es usarlo bien. Y no hay dinero que rinda más que usándolo bien”. 

Rurales EL PAIS