Es entre un productor y la firma Monsanto.
Rurales - El País.
LA NACIÓN - GDA |El conflicto abierto entre parte de la dirigencia del campo argentino y la multinacional Monsanto por el cobro de su tecnología Intacta en soja, resistente a insectos, ya tiene un primer caso testigo que podría derivar en una batalla judicial y complicar la comercialización del grano justo cuando está por generalizarse la cosecha en la pampa húmeda.
Hace unas semanas, Marcos Rodrigué, presidente de uno de los grupos de siembra más importantes del país con 45.000 hectáreas, expresidente de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) y actual intendente con tercer mandato en la localidad de Inriville, en Córdoba, comenzó a cosechar soja en Bandera, en Santiago del Estero, y la despachó vía el corredor Zeni.
La soja terminó en la cerealera Oleaginosa Moreno, que al recibirla le realizó un test para comprobar si tenía la tecnología Intacta. El resultado dio positivo y la cerealera le informó a Monsanto, que en el acto comenzó a enviarle a Rodrigué facturas con US$ 15 por cada tonelada entregada.
El año pasado, para la soja del norte de país, Monsanto instrumentó un control en puertos y acopios para asegurarse el cobro de un canon.
Si el productor no había pagado de manera anticipada, por ejemplo, en la compra de la semilla, la empresa se aseguraba el cobro en los puertos y allí pretendía US$ 15 por tonelada. Este valor casi duplicaba el precio que se pagaba en forma anticipada.
Según Rodrigué, en su caso pagó por la tecnología en la compra de la bolsa de semilla en las campañas 2013/2014 y 2014/2015. En cambio, en esta campaña compró la semilla, pero no abonó el canon de la tecnología. El pago —dijo— lo iba arreglar después con la empresa en reuniones, pero no ocurrió.
Ahora, Rodrigué amenaza con presentar un recurso de amparo si la empresa le hace la retención en el puerto. “Fui a Monsanto y les avisé que si me retienen les voy hacer un recurso de amparo”, contó a La Nación. Rodrigué aclaró que está “de acuerdo en pagar la tecnología”, pero se mostró “en desacuerdo con hacerlo arbitrariamente y compulsivamente”. También objetó que haya que firmar un acuerdo (una cláusula en los contratos de granos habilitando un test), porque “si no lo hacés, no podés vender la soja”.
En Monsanto señalaron que Rodrigué se comunicó para arreglar un precio por debajo de lo que ya pagaron los productores de manera anticipada (US$ 5,40 por tonelada), pero no hubo arreglo. “Llamó para arreglar y si no hubo arreglo es natural que se le detecte y facture por la tecnología que no pagó. Para un precio más conveniente tendría que haber hecho como el 60% de los productores que usa la tecnología y pagó por anticipado”, dijeron en la compañía a La Nación. La firma se escuda para cobrar amparándose en la ley de patentes.
En Monsanto hasta el momento no tuvieron un reclamo judicial de un productor, pero lo podrían tener con Rodrigué. El productor considera “ilegal” el acuerdo entre la empresa y los exportadores para retener.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, había prometido una solución ante la disputa entre parte de las entidades y Monsanto por este tema. Sin embargo, luego de presuntos avances, se supo que el acuerdo sigue sin llegar.
Uno de los puntos que traba el entendimiento es que Monsanto no podría aceptar levantar su sistema cuando ya pagó un 60% de quienes usan la tecnología. El riesgo sería el accionar judicial de los que ya pagaron.
El otro punto en conflicto es que mientras la industria semillera en general considera que debe haber un reconocimiento a la propiedad intelectual con cada uso de la tecnología, en las entidades del agro no hay unanimidad respecto de esto.
En este contexto, luego de estar una semana en stand by, pasado mañana empezaría Bolsatech, un sistema alternativo en el ámbito de la Bolsa de Cereales donde, ante una detección de la tecnología de Monsanto, no habrá una retención directa, como con el actual sistema.