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“No puede un sector privado poner sus reglas por encima del Estado”

Declaraciones del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, sobre Monsanto.

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Foto: La Nación – GDA.

Valor Soja – Argentina | “No puede un sector privado poner sus reglas por encima del Estado. Apostamos a la tecnología pero sin perjudicar a nadie”.

Así lo indicó hoy el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile en su cuenta personal de Twitter en referencia a la decisión de recuperar el monopolio de la fiscalización de semillas por medio de la liquidación del sistema de control en destino implementado de facto por la filial local de Monsanto.

“No queremos perjudicar a nadie; sólo queremos garantizar el normal desenvolvimiento de la comercialización de granos”, añadió Buryaile.

Las autoridades de Confederaciones Rurales (CRA), por medio de un comunicado oficial, apoyaron la decisión de Buryaile y solicitaron que la misma sea “el puntapié inicial para un proceso de orden y transparencia en el mercado de semillas que posibilite la incorporación de nuevas tecnologías, su debido pago, la inversión y el empleo”.

Por su parte, las autoridades de la Sociedad Rural (SRA) señalaron que “la solución al reconocimiento de la propiedad intelectual de la biotecnología debe venir de un fortalecimiento de los sistemas de control del comercio de semillas”, mientras que los dirigentes de Federación Agraria (FAA) apuntaron que “es innegociable el derecho al uso propio que ampara a los agricultores”.

Algunos comunicadores –estrechamente alineados con la estrategia de Monsanto– comenzaron a realizar esfuerzos por asociar la metodología implementada por Monsanto con el respeto a la inversión realizada por empresas semilleras y agrobiotecnológicas.

“Con este laudo, el gobierno crea las condiciones para un default, en este caso, tecnológico. Ya sabemos que cualquier salida facilista al final termina siendo más cara”, indica un artículo publicado hoy en Clarín por Héctor Huergo.

El equipo técnico del Ministerio de Agroindustria está elaborando un anteproyecto de Ley de Semillas –para reemplazar a la normativa vigente en la materia que data de la década del `70– con el propósito de enviarlo al Congreso en algún momento del presente año. El mismo buscará implementar un mecanismo que asegure a las empresas semilleras el retorno de las inversiones realizadas.

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